Fuente: EFE
12/06/2017

México, 6 dic (EFE).- Los mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales deben ser de carácter obligatorio y sujetos a la ley, concluyó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un estudio sobre los consejos consultivos en México.

Esta es una de las recomendaciones del PNUD en el documento "Análisis de la estructura y operación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 2011-2016" presentado hoy en la capital del país.

La institución hizo un análisis del diseño institucional y de la operación de los CCDS generación 2011-2016, a partir de una metodología cualitativa y cuantitativa sobre sus características y prácticas durante el periodo de referencia.

En el texto, recomendó modificar el fundamento legal de los CCDS vía una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a fin de establecer "un mecanismo de participación ciudadana, así como su naturaleza, objeto, base de integración y alcance" en términos de incidencia en la política ambiental.

Actualmente, el artículo 159 de la LGEEPA establece el objeto de los Consejos Consultivos, funciones, integración, procedimientos de acceso y mecánica de operación.

De acuerdo con esa ley, la emisión del acuerdo de creación de los CCDS es una facultad del titular de la Semarnat, "lo cual puede presentar desventajas, toda vez que se puede limitar el alcance y efectividad de la participación ciudadana", señala el PNUD.

En relación al tipo de participación y objeto, explica que los CCDS son un mecanismo de tipo consultivo no vinculante porque "las resoluciones y acuerdos tomados por sus integrantes no inciden directamente en la política ambiental federal".

El PNUD sugiere, además, el cambio de denominación del mecanismo, "pues "desarrollo sustentable" implica una perspectiva transversal a todo el Gobierno", y los CCDS están circunscritos al sector ambiental federal, sin atribuciones para emitir recomendaciones a otros sectores de la Administración, poderes u órdenes de gobierno.

El documento concluye que es un buen momento para abrir a otros órdenes de gobierno la posibilidad de establecer mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de sus competencias, y concurrir con la Federación cuando así convenga a la política ambiental nacional.

La colaboración entre el PNUD y la Semarnat para el fortalecimiento de la participación ciudadana inició en 1995 y permitió la creación de los CCDS como un mecanismo de participación ciudadana institucionalizado de tipo consultivo, orgánico, colegiado, nacional y permanente del sector ambiental.

El 30 de agosto pasado la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de Semarnat propuso cambios a los CCDS en los que se excluía a las comunidades indígenas, en abierta violación de la Constitución y de acuerdos internacionales.

La propuesta generó el rechazo de numerosas organizaciones civiles, entre ellas la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y Greenpeace.

Después de ello, Semarnat presentó un nuevo documento en los que contemplaba a la consulta de las comunidades indígenas y refrendó su compromiso con los Consejos Consultivos como un espacio de diálogo con la sociedad civil para redireccionar las políticas ambientales.


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