Fuente: EFE
01/02/2018

Los Ángeles, 2 ene (EFE).- A más tardar el 8 de enero los cerca de 250.000 salvadoreños amparados en Estados Unidos por el Estatuto de Protección Temporal (TPS) sabrán por fin si van a seguir protegidos o deberán hacer las maletas para abandonar el país.

El beneficio para los ciudadanos de El Salvador vence el 9 de marzo y el ejecutivo está obligado a presentar una decisión 60 días antes de que venza el TPS, que brinda a sus beneficiarios la posibilidad de tener permisos de trabajo y les protege de la deportación.

Esta es la primera vez, desde que obtuvieron el amparo en 2001, que tanto los beneficiados como el Gobierno de El Salvador tienen pocas esperanzas de obtener una extensión.

La Administración Trump puso fin a los TPS que amparaban a nicaragüenses y haitianos, y otorgó tan sólo seis meses más de protección a 80.000 hondureños.

"Sería ingenuo pensar que el Ejecutivo va a actuar de forma diferente con los salvadoreños, lo que estamos buscando es una prorroga para poder trabajar en una vía permanente" enfatizó en una entrevista con Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América, que lidera la campaña "SAVE TPS" (Salven el TPS).

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, coincide con los defensores de los derechos de los inmigrantes. "Nosotros creemos que el TPS, como programa temporal, difícilmente podrá seguir existiendo", dijo recientemente en una entrevista.

A pesar del desalentador panorama, esta semana las organizaciones están realizando los últimos esfuerzos para salvar el beneficio.

Como parte de la estrategia se está alentando a ciudades y condados a nivel nacional para que emitan un respaldo al TPS y sus beneficiarios.

"Incluso en ciudades de estados conservadores como Carolina del Norte estamos logrando que los consejos nos den apoyo, esto es muy importante", subraya Chacón.

Otro objetivo es involucrar a los propios "tepesianos" y a la comunidad que se beneficia de esos permisos temporales.

"Las organizaciones no podemos hacer esto solos. Necesitamos que nos acompañen en esta lucha y los "tepesianos" deben salir, como en los años noventa, a movilizarse", indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

La preocupación de los salvadoreños es palpable y los teléfonos de las organizaciones, consulados salvadoreños y abogados de inmigración no paran de sonar este segundo día del año.

"Quiero saber qué va a pasar, porque estamos pensando en vender la casa, no quiero perder lo poco que tengo para poder mantener a mi hijo", explicó a Efe Víctor Iraheta, amparado por el TPS

De acuerdo a cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU., en diciembre del 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos con el TPS.

Un estudio encargado por Alianza TPS asegura que un 90 % de los favorecidos con el beneficio tiene trabajo y que un 81 % tiene hijos, la mayoría nacidos en Estados Unidos.

A pesar de los aportes de esta comunidad, los defensores de los inmigrantes advierten de que en la Casa Blanca hay funcionarios que están presionando por cancelar el beneficio e incluso obligarlos a salir del país. "Es una triste realidad pero hay que enfrentar a estas ideas", indicó Chacón.

Ante esto, tanto Chacón como Tejada aseguran que la meta debe ser el Congreso y por lo tanto se deben concentrar en presionar para que elaboren una legislación que les pueda otorgar una estadía permanente a los amparados por el TPS.

Aunque hay varios proyectos que buscan la legalización de los "tepesianos", la idea de la alianza es trabajar en identificar a conservadores que pudieran apoyar una legislación que pueda aunarse a un proyecto grande, como el del presupuesto anual, y así lograr la aprobación.

"Esta estrategia fue efectiva con Nacara y otras legislaciones que favorecieron a grupos determinados, incluso en gobiernos conservadores, es un trabajo quirúrgico pero debemos intentarlo" insistió Chacón.

La llamada Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (Nacara) fue aprobada en 1997 para dar beneficios migratorios y blindar contra la deportación a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala y países del ex bloque soviético que llegaron al país para pedir asilo en los años 90.


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