Fuente: Berenice Malagón
02/28/2018

Raleigh, N.C. 26 febrero 2018-Organizaciones a favor de las minorías en Carolina del Norte, han solicitado al Senado de los Estados Unidos votar en contra de la decisión del presidente Donald Trump quien designó al abogado Thomas A. Farr para un nombramiento de por vida, como juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte en julio de 2017 y nuevamente en enero de 2018.  "La NAACP se opone firmemente a esta nominación", dijeron miembros de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Carolina del Norte.

"A lo largo de su carrera, el Sr. Farr siempre ha apoyado y trabajado en esfuerzos para intimidar, desinformar o privar de sus derechos a las minorías", agregó la NC NAACP, que también tiene un capítulo dedicado a la lucha de los derechos de los inmigrantes hispanos.

Los activistas, también acusaron a Farr de participar en varias de las campañas más racistas en la historia moderna de Estados Unidos, las del Senador Jesse Helms, el candidato afroamericano al Senado Harvey Gantt, así como otra campaña racista en 1984 contra el gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, que de acuerdo a sus palabras: "fue tan pronunciada que los jueces en un caso de redistribución de distritos de Carolina del Norte lo citaron como un ejemplo de cómo el racismo continuó floreciendo en la política del estado".

En cuanto al tema electoral, los miembros de la NAACP aseguraron que el Sr. Farr ha defendido la redistribución de distritos legislativos del Congreso y del Estado en virtud de la Ley de Derechos Electorales y el incumplimiento por parte del estado de la Ley de Registro Nacional de Votantes. "Farr ayudó a crear y luego defender la ley de supresión de votantes de Carolina del Norte e impuso estrictos requisitos discriminatorios de identificación con foto, redujo el uso de la votación anticipada y eliminó el registro el mismo día / día de elección".

Asimismo, aseguraron que Thomas Farr también ha demostrado oposición a los derechos de los trabajadores. "Él ha defendido el debilitamiento, o incluso la eliminación, de las protecciones legales para la discriminación en el empleo; defendió en varias ocasiones a las empresas que discriminaban a los empleados y clientes. También ha luchado enérgicamente contra los esfuerzos de los trabajadores por sindicalizarse, habiendo defendido compañías que intentan negar el reconocimiento de los sindicatos y cometer prácticas laborales injustas", indicaron manifestantes.

Aproximadamente el 30% de los residentes bajo la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte donde Thomas Farr sería ratificado juez, son afroamericanos o pertenecientes a minorías como los hispanos. En sus 143 años de historia, el tribunal nunca ha tenido un juez de ascendencia africana o de otra raza minoritaria, por lo que los activistas temen que de confirmar a Thomas Farr como juez, "no solo perpetuaría la historia de exclusión racial y étnica, sino que su historial indica que también continuará trabajando en oposición a los derechos legales, constitucionales y humanos de las minorías".

Manifestantes se presentan ante el Tribunal Superior del condado de Wake para pedir que eliminen cargos de dos personas condenados por cargos de intrusión tras una protesta en Raleigh.
Desde la sala 10-B del Centro de Justicia del Condado Wake, este lunes, los abogados Geeta Kapur y Scott Holmes representando el Movimiento Moral Adelante Juntos y NC NAACP, aprovecharon para desafiar la constitucionalidad de las Reglas de Construcción de la Asamblea General de Carolina del Norte y le pidieron al Juez Carl Fox descartar los cargos criminales contra Carol Anderson y Dale Herman, quienes hace 13 meses fueron condenados por cargos de intrusión tras negarse a abandonar el Edificio Legislativo de Carolina del Norte durante una protesta sobre el Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes.

Los abogados de la NC NAACP afirman que "las Normas de Construcción violan la Cláusula de Separación de Poderes de la Constitución de Carolina del Norte. De acuerdo con la Sección 120-32.1 (b) del Estatuto General de Carolina del Norte, una violación de las normas de construcción constituye un delito menor Clase 1".

Los abogados presentaron una apelación donde el juez Carl Fox debe decidir si los legisladores de Carolina del Norte fueron más allá de su autoridad constitucional al enmendar las reglas que rigen a dónde pueden ir las personas, qué pueden hacer y cuánto ruido pueden hacer dentro del edificio donde los legisladores laboran.


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