Fuente: Berenice Malagón
03/14/2018

Chapel Hill, N.C. 9 marzo, 2018-Madres de familia de los condados de Orange y Chatham, en Carolina del Norte, se reunieron la noche del jueves en la Carrboro Elementary School para demandar a legisladores estatales y federales, así como a compañías e instituciones educativas acción inmediata para establecer reformas de sentido común en referencia a las armas.

Después del tiroteo en Sandy Hook Elementary School, la organización Moms Demand Action for Gun Sense en Carolina del Norte, ha enfatizado la necesidad establecer ciertos lineamientos para la utilización segura de las armas, limitar su venta o compra sin permiso, detener la violencia generada por las mismas, entre otras problemáticas en relación a las armas de fuego.

"Cada día mueren 96 personas debido a incidentes con armas en los Estados Unidos y cientos más son heridos", @MomsDemandForGunsSenseOfAmerica. Paradójicamente, defienden la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas.

A partir del 2011, las leyes de Carolina del Norte, indican que tanto los residentes del estado, como los visitantes que tengan permiso para portar armas deben llevarlas ocultas excepto en en instalaciones policiales o correccionales como una prisión; en cualquier espacio ocupado por empleados estatales o federales, incluidos los tribunales estatales y federales; en las escuelas o en los terrenos de la escuela; tampoco en áreas de asambleas; en cualquier lugar donde se vendan y consuman bebidas alcohólicas (como algunos restaurantes) si las instalaciones están publicadas como prohibidas; en cualquier área donde las armas de fuego ocultas estén prohibidas por la ley federal; en cualquier lugar de negocios que haya colocado una señal que prohíba las armas ocultas en sus instalaciones; y por cualquier persona mientras consume alcohol o bajo la influencia del alcohol o cualquier sustancia controlada (a menos que se obtenga legalmente y se tome según las indicaciones de un médico).

Efectivo desde el 1 de octubre de 2013, a menos que lo prohíba una escuela privada, un titular de armas de fuego en Carolina del Norte, puede guardar una pistola en el vehículo cerrado o en un contenedor cerrado firmemente sujeto al vehículo de la persona mientras esté en el campus. Asimismo, a menos que se publique como prohibido, un titular de armas de fuego oculto puede poseer un arma de fuego oculta durante un desfile o un funeral.

Para poseer una pistola oculta en Carolina del Norte, el portador debe presentar el permiso vigente y una forma válida de identificación en todo momento, divulgar que tiene un permiso de arma de fuego cuando se le acerque un oficial de la ley en Carolina del Norte e informar al oficial que está en posesión de una pistola oculta.

A pesar de estas restricciones no solo en Carolina del Norte, sino en varios estados de la Unión Americana, un estudio publicado recientemente por el "Violence Policy Center" (VPC), indica que cerca de 54,000 hispanos han sido asesinados con armas de fuego en los Estados Unidos desde 1999 y dos tercios de estas muertes han sido homicidios.
"Cada año en promedio más de 3,100 hispanos son asesinados con armas de fuego", indica el estudio titulado Víctimas hispanas de violencia letal con armas de fuego en los Estados Unidos (http://www.vpc.org/studies/hispanicesp18.pdf).

Dicho estudio también encontró que la tasa general de victimización por homicidio para hispanos es casi el doble de la correspondiente a gente de raza blanca. En 2015, 70 por ciento de las víctimas hispanas de homicidio murieron por disparos de arma de fuego. Para hispanos entre 15 y 24 años de edad, el homicidio se ubicó como la segunda causa principal de muerte.

El estudio encontró que de los 53,788 hispanos muertos con armas de fuego entre 1999 y 2015, las dos terceras partes correspondieron a homicidios (35,553, o 66 por ciento), mientras que 15,593 fueron suicidios (29 por ciento). Además, 981 muertes por armas de fuego fueron no-intencionales (dos por ciento) y 1,661 (tres por ciento) ocurrieron en situaciones cuya intención no se pudo determinar o por intervención legal.

Como recomendación, el estudio sugiere que "las dependencias gubernamentales mejoren la manera en que recolectan y reportan la información relativa a hispanos que han sido víctimas de violencia por armas de fuego y otras formas de violencia letal. Debido a que la forma en que dichas dependencias recolectan datos tiene serias limitaciones, es casi seguro que el número total de víctimas hispanas sea más alto que lo que indican las cifras que reportan".


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