Fuente: EFE
06/13/2018

Asunción, 13 jun (EFE).- Un total de 52 profesionales del derecho pugnan por dos puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), disponibles tras la renuncia de Alicia Pucheta para asumir como vicepresidenta del país y ante la jubilación en julio del magistrado Oscar Bajac.

De los aspirantes, sólo siete mujeres aspiran a reemplazar a Pucheta, que dejó la Corte a finales de abril, y a Bajac que abandonará el cargo el 14 de julio, según datos del Consejo de la Magistratura.

El proceso para reemplazar al ministro Bajac inició en marzo de este año, y en mayo para sustituir a Pucheta, que ese mes se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia paraguaya.

Ambos procesos se encuentran en la primera etapa de postulaciones y reclamos a la espera de iniciar la segunda etapa que consiste en las audiencia públicas.

El Consejo de la Magistratura decidirá en pleno si la segunda etapa será una sola para ambos puestos vacantes, o si seguirán los procesos de manera independiente.

"Las audiencias públicas son determinantes para el Consejo de la Magistratura porque es la única vía de participación ciudadana y que los medios de prensa conozcan a los postulantes", explicó esta semana a los medios el titular del Consejo de la Magistratura, Osvaldo González.

Subrayó que desde el Consejo buscarán que prime la calidad de las audiencias y no la cantidad por lo que es la etapa que más tiempo demanda lo que hace difícil hablar de plazos concretos.

Según González, de los 52 postulantes solo 13 se postularon de manera exclusiva para ocupar el cargo dejado por Pucheta, mientras que los otros 39 pugnan por ambos cargos.

Por su parte el miembro del Consejo Adrián Salas, pidió a la ciudadanía acompañar el proceso de audiencias públicas a los efectos de presentar los reclamos o denuncias que ayudarán a la conformación de las ternas finales.

Luego las audiencias públicas, el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar a seis candidatos para dos ternas que luego pasará al Senado para su designación.

El Ejecutivo finalmente deberá prestar su acuerdo constitucional de los candidatos elegidos por la Cámara Alta.


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