Fuente: Nancy Escobar @NanEscobar72 calexicon@gmail.com
11/28/2018

Si hablamos de la caravana de migrantes de Centroamérica que ahora mismo recorre México para cruzar la frontera con Estados Unidos, y cualquiera que lea esto pensará de inmediato que hablo de Trump, el que más habla de medidas letales, que escribe un tuit un día y otro también amenazando con cerrar la frontera y con impedir que esos migrantes, a los que llama criminales, se queden en su tierra.

En segundo lugar podría pensarse que hablo del presidente de México, Enrique Peña, que ya pasa sus últimos días en la silla de gobierno, y que ha atendido la oleada migrante con trámites legales, con señalamientos para convencerlos de volver a Honduras, Guatemala o El Salvador.

Pero no. En realidad me sorprendió que la noche del domingo 25 de noviembre el que saliera a reclamar fiera el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, muy molesto por el "ambiente muy hostil" y el uso de balas de goma en contra de migrantes hondureños y de otros países centroamericanos que pretendieron pasar a la fuerza la valla de la frontera con suelo americano.

En su declaración escrita, Hernández explicó que" el uso de balas de goma fue, entiendo, con el objetivo de querer marcar a la gente. De tal forma que es un ambiente muy hostil, muy difícil, muy peligro, (de) mucha ansiedad".

Luego dedicó otras líneas de su comunicado para condenar el ataque que va contra la integridad de los ilegales. Eso sí fue cuidadoso porque nunca ni desde la Presidencia o desde la cancillería de Honduras señalaron específicamente si las balas las lanzaron los elementos de la patrulla fronteriza estadounidense.

"Estamos apoyando a nuestra gente", aseguró el mandatario, sólo que en su texto jamás mencionó la intención de llevarlos de regreso.

Tampoco dijo que habrá empleo en su país para que la gente no tenga que dejarlo.

Mucho menos confirmó que el problema inició por su incapacidad de controlar los índices de violencia que tienen a las bandas criminales controlando la mitad del territorio.

Y qué decir que cuidará a la población vulnerable, ofreciéndoles un regreso digno. De eso ni una palabra.

La pregunta es, ¿México tiene obligación de dar empleo y refugio a esos ilegales? O ya es tiempo de que los presidentes locales de esos países alcen la voz y asuman la responsabilidad.


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