Fuente: Coreen Villalobos Mundo
03/28/2019

Raleigh, N.C., 27 de marzo de 2019- El pleno de legisladores de la Asamblea General  de Carolina del Norte aprobó, con 17 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley HB 370, durante su segunda discusión.

La propuesta fue incluida en la agenda legislativa el pasado 14 de marzo y el miércoles 27 se produjo un debate, del cual resultó la mencionada manifestación de votos, con lo cual avanza de manera sostenida hacia una posible aprobación. El 18 de marzo había pasado su primera lectura.

Los apartados de la HB 370 describen la obligación de los alguaciles y las cárceles para que determinen el estatus migratorio de todas las personas bajo su custodia y los procedimientos a seguir por los oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE) para solicitar detenciones de inmigrantes. 

El proyecto de ley también prohibiría que las cárceles liberen a una persona, incluso aunque sean elegibles para ser liberadas, si hay una solicitud del gobierno federal.

Expone a las ciudades, los condados y las agencias de leyes a ser demandadas por cualquier persona que cree que están impidiendo la cooperación con ICE y plantea la imposición de cuantiosas multas a las oficinas locales que no trabajen con agencias migratorias a nivel federal.

Las áreas públicas del hemiciclo legislativo, estaban ocupadas por activistas de organizaciones, grupos de base latinos; así como también por líderes de comunidades religiosas y legales, quienes aseguraron que es "un proyecto de ley anti-inmigrante" que convertiría a Carolina del Norte en un estado difícil para los inmigrantes, como lo es Arizona, dominado por el racismo y la violación de derechos constitucionales de las comunidades afroamericana e hispana.

La aprobación de la HB 370 representaría un desconocimiento de la voluntad popular manifestada en las urnas electorales, en cuanto al deseo de la mayoría de los habitantes de Carolina del Norte de vivir sin persecuciones y con alguaciles cercanos a sus familias, vistos como autoridades que inspiren confianza.

Las comunidades hispanas han calificado de plausible y coherente con sus promesas electorales, la decisión tomada por los alguaciles de los condados de Wake, Buncombe, Guilford, Durham y Mecklenburg de poner fin al programa 287 (g).

De manera simultánea, se realizó una concentración de manifestantes, en las afueras del edificio administrativo de la Gobernación de Carolina del Norte, ubicado en el 116 West Jones St, Raleigh, NC, 27603, en la cual se exigió al gobernador Roy Cooper vetar el proyecto, en caso de ser aprobado.

Esta mayoría de votos no supone una aprobación en corto tiempo. A este proyecto de ley aún le falta mucho camino que recorrer dentro de los comités legislativos de la Asamblea General de Carolina del Norte.


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