Fuente: Coreen Villalobos Mundo
11/27/2019

Raleigh, N.C., 25 de noviembre de 2019- Ante el peligro que se cierne sobre el estado de Carolina del Norte, tras la reunión a puerta cerrada efectuado en Raleigh este lunes entre el nuevo jefe del Departamento de Seguridad de EEUU, Chad Wolf, el titular de la Dirección de Inmigración y Aduanas, Matt Albane y demás representantes republicanos de la Asamblea General para mostrar cómo los alguaciles de algunos de los condados "contribuyen" a la elevación de los índices de criminalidad, al no cooperar con la oficina federal de Inmigración, una amplia coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes condena lo que consideran son continuos intentos para avanzar en las políticas antiinmigrantes.

Unieron sus voces y, a través de una declaración conjunta, denunciaron que estos funcionarios siguen su agenda de intimidación e ignoran las reales necesidades de las comunidades inmigrantes al radicalizar su postura en contra de las decisiones tomadas por el gobernador Roy Cooper y agentes de seguridad que desaprueban el proyecto de Ley HB 370, "una propuesta extrema antiinmigrante que obligaría a los alguaciles del condado a ayudar a ICE a detener y deportar a miembros de la comunidad, bajo la amenaza de ser expulsados ​​de sus oficinas". 

The American Civil Liberties Union, Campaign for Southern Equality, El Centro Hispano, Comité Acción Popular (CAP), Comité Popular Somos Raleigh, Compañeros Inmigrantes de las Montañas (CIMA), Comunidad Colectiva, Just Futures Law, el Centro de Justicia de Carolina del Norte, Poder NC Action, El Pueblo, Siembra NC, la Coalición del Sudeste Asiático y otras organizaciones condenaron la retórica antiinmigrante y se han opuesto al proyecto de ley 370 de la Cámara de Representantes.
"Estas acciones en Carolina del Norte siguen a las políticas del DHS que buscan separar a los niños de las familias, negar a los solicitantes de asilo el derecho de pedir protección y aumentar las tarifas para los inmigrantes que desean convertirse en ciudadanos", dijo Angeline Echeverría, directora ejecutiva de El Pueblo. "El truco publicitario de hoy es solo el último de una campaña para demonizar y violar los derechos humanos de los inmigrantes".

Agregó que "el hecho de que ICE siga trayendo ejemplos negativos de nuestra comunidad y quiera exponerlos para pasar políticas que nos perjudiquen a todos, es algo que va en contra de la verdad. En realidad, ellos intentan ejercer su poder, quieren meterse en las elecciones locales, donde no tienen autoridad".

Pos su parte, Eliazar Posada, Director del Departamento de Participación y Defensa Comunitaria de El Centro Hispano, comentó que "los legisladores están haciendo un intento descarado de criminalizar aún más a los inmigrantes y ayudar a mantener la fuerza de deportación de Trump que está separando a las familias en nuestro estado".

"ICE no debería involucrarse en la política local, e instamos a los legisladores estatales a mantener el veto del gobernador del proyecto de ley 370 de la Cámara", dijo Alissa Ellis, la estratega regional de derechos de los inmigrantes para la ACLU de Carolina del Norte. "Los carolinianos del norte decidieron poner fin a la colaboración con ICE, y la conferencia de prensa de ayer demuestra hasta qué punto ICE está dispuesto a llegar para usurpar la voluntad de los votantes".

El comunicado conjunto dejó claro que estudios muestran que la cooperación policial local con ICE no hace que las comunidades sean más seguras. El año pasado, los votantes de los dos condados más grandes de Carolina del Norte, Mecklenburg y Wake, eligieron a los alguaciles que hicieron campaña con promesas, ahora cumplidas, para poner fin a la participación de su condado en el programa federal 287 (g), una asociación con oficiales federales de inmigración que ha llevado a la deportación de miles de personas de Carolina del Norte. 

Los alguaciles en los condados de Buncombe, Forsyth, Guilford y Durham también han anunciado que ya no retendrán a las personas en la cárcel por solicitudes de detención de ICE.

Opositores con apoyo popular
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, insiste en que el fin de una asociación de ICE significa que las personas en las comunidades de inmigrantes estarán más dispuestas a denunciar delitos.
Él espera que mejore la diversidad entre los agentes de la policía local a largo plazo.
Gerald Baker (Wake) y McFadden (Meckelburg) derrotaron a los alguaciles titulares en 2018. En esas elecciones, los votantes de los siete condados más grandes de Carolina del Norte eligieron por primera vez a sheriffs negros. Todos son demócratas, y varios alguaciles, incluidos los dos mencionados, mantuvieron su oposición a ICE en gran parte de sus campañas.
La oficina de Cooper dijo que el gobernador respalda su decisión de vetar el proyecto de ley y permitir que los alguaciles tomen sus propias decisiones. 
Megan Thorpe, portavoz del gobernador, dijo que Cooper se desempeñó como fiscal general de Carolina del Norte durante 16 años y que, como el principal funcionario policial del estado, conoce la ley.
"El proyecto de ley que la legislatura aprobó a principios de este año fue inconstitucional", escribió Thorpe en un correo electrónico. "El evento de ayer fue sobre políticos que intentaban ganar puntos políticos, no sobre mejorar la seguridad de los carolinianos del norte".


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