Sociedad civil pide a CELAC y UE un mecanismo birregional inclusivo ante riesgos globales

Santa Marta (Colombia), 8 nov (EFE).- Más de 200 organizaciones latinoamericanas y europeas adoptaron este sábado en Santa Marta una declaración que pide a los mandatarios de ambas regiones crear un mecanismo de seguimiento que garantice la participación real de la sociedad civil frente a los problemas de la democracia, la corrupción, las desigualdades y la justicia climática.

La llamada ‘Declaración de la Sociedad Civil ALC-UE’ es el resultado de dos días de debates en un foro social realizado en paralelo a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que reunió a organizaciones juveniles, de mujeres activistas, población LGBTQ+, pueblos indígenas y líderes sociales, entre otros.

El documento, de tres páginas, incluye recomendaciones y prioridades estratégicas que serán presentadas mañana, por primera vez en persona, por representantes de la sociedad civil ante los mandatarios reunidos en la cumbre de alto nivel.

“Una alianza birregional entre América Latina, Caribe y la Unión Europea debe reconocer explícitamente que un entorno favorable para la sociedad civil es un requisito indispensable para que las finanzas logren resultados reales y que tengamos democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible y estándares ambientales justos”, resumió el coordinador de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas del Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas, Pedro Bocca.

Las organizaciones advirtieron sobre el aumento de las desigualdades, la corrupción convertida en “motor del crimen organizado” y los “escenarios nocivos de cooptación de la participación de la sociedad civil”.

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“Estamos preocupados. Vemos el espacio cívico, el entorno de la sociedad civil que se cierra, tenemos estas desigualdades que no paran de crecer”, dijo la coordinadora de incidencia de FORUS International, Marie L’Hortis.

Las personas en el centro

La declaración conjunta insta a los líderes políticos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea a colocar en el centro de su agenda bilateral a las personas y comunidades, incluidas las rurales, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad y otras históricamente excluidas.

También los llama a asumir “compromisos ambiciosos y medidas que fortalezcan la cooperación horizontal, participativa e inclusiva, basada en la transparencia, justicia social y sostenibilidad”.

El texto alerta sobre los riesgos del debilitamiento del Estado de derecho y, en línea con el Acuerdo de Escazú, insta a proteger la Amazonía y reafirmar el compromiso con la justicia climática, la autodeterminación y la gobernanza de los pueblos indígenas.

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“Los indígenas, cuando evitamos el extractivismo en nuestros territorios que nos han dejado efectos nocivos (…) nos dicen que somos un obstáculo para el desarrollo y realmente lo que nosotros hacemos es proteger la maloca (casa) común que es la Amazonía”, dijo la coordinadora general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Fany Kuiru Castro.

Las organizaciones piden además que la inversión birregional contribuya a la Agenda 2030, afirmando que las inversiones “solo serán sostenibles si garantizan democracia, derechos humanos y protección ambiental”.

También llaman a los líderes de la cumbre CELAC-UE a asumir compromisos para “erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo, xenofobia y discursos de odio”.

“Para que estas propuestas sean sostenibles, la IV Cumbre Celac-UE debe formalizar un mecanismo birregional multiactor de seguimiento y diálogo, con participación efectiva y accesible de la sociedad civil organizada (…) los gobiernos locales, la academia, las empresas cooperativas y de la economía social, el sector privado y otros actores interesados”, concluyeron.

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