Crimen y Justicia
Fiscal de CPI sitúa a Duterte “en el corazón” del plan filipino criminal antidrogas
La Haya, 23 feb (EFE).- La defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte negó este lunes que existiera una política estatal de asesinatos en la llamada “guerra contra las drogas” en Filipinas e instó a los jueces a no confirmar los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el exdirigente.
En el inicio de la audiencia de confirmación de cargos, el abogado israelí Nicholas Kaufman afirmó que el tribunal debe decidir “sobre la base de pruebas” y no de “retórica política” o consignas, y acusó a la Fiscalía de presentar los discursos de Duterte de forma selectiva para sostener su teoría de incitación al asesinato.
El letrado centró parte de su alegato en denunciar lo que calificó como una entrega “inconstitucional” de Duterte a la CPI en marzo del año pasado.
En este sentido, recordó que el actual mandatario, Ferdinand Marcos Jr., había firmado un compromiso de que el Gobierno filipino “no asistirá a la CPI de ninguna manera”, pero señaló que un documento revelado recientemente -según dijo- apuntaría a contactos encubiertos para facilitar el traslado del exmandatario a La Haya.
“Esa es la tesis de la defensa: que el presidente Marcos Jr. se propuso neutralizar a Rodrigo Duterte y su legado”, declaró, utilizando deliberadamente el término “neutralizar”, empleado antes por la Fiscalía para describir la supuesta política de asesinato de presuntos delincuentes vinculados a las drogas en Filipinas.
En cuanto al fondo del caso, Kaufman argumentó que el problema del narcotráfico no es exclusivo de Filipinas y que otros países presentan tasas superiores de muertes vinculadas al crimen, asegurando que las cifras de homicidios relacionados con drogas en Filipinas aumentaron tras la salida de Duterte del poder.
El abogado presentó a su cliente como “un hombre del pueblo” de origen humilde, ajeno a los privilegios del poder y cercano a la población.
Además, sostuvo que su estilo directo y su lenguaje combativo fueron malinterpretados por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que, a su juicio, construyeron una narrativa internacional en su contra.
La defensa responderá en detalle a los cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad durante la audiencia, con sesiones programadas para el resto de la semana.
Después, los jueces deberán decidir, en un plazo de 90 días, si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio.
Duterte, de 80 años, no estuvo presente en la sala tras haber renunciado a su derecho a asistir, y permanece detenido en el centro de detención de la CPI en La Haya.
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