Cuatro años de estado de excepción en El Salvador: por qué se aprobó y por qué se mantiene

San Salvador, 25 mar (EFE).- El Salvador cumple esta semana cuatros años bajo un régimen de excepción, una medida de seguridad contra las pandillas adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras la mayor escalada de asesinatos de la historia reciente salvadoreña, que cuenta con un amplio respaldo por la reducción “histórica” de homicidios, pero que es cuestionada por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

A continuación cinco claves para explicar su aplicación:

1. ¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene?

El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

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Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, aunque El Salvador venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

Esta respuesta a la ola de homicidios granjeó a Bukele un gran apoyo popular y su reelección inmediata, a pesar de que la Constitución prohibía un segundo mandato consecutivo.

2. En vigencia cuatro años

A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones de pandilleros o personas ligadas a estas bandas, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de “control social”.

El régimen de excepción contempla tanto la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

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Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

3. Denuncias de violaciones y muertes en cárceles

En el contexto de este régimen, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98 % de los casos, siendo vinculados los agentes de la Policía al 75 % de los atropellos.

Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se encuentran al menos 8.000 “inocentes”, pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.

4. Apoyo de la población

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Cerca de un 85 % de la población apoya la continuidad de la medida, según lo han revelado diversas encuestas, y un poco más del 10 % no está a favor que el régimen de excepción siga.

Además, el régimen de excepción ha llevado a que la aprobación de Bukele alcanzara al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados de ese año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos).

Según la publicación, esta aprobación es “impulsada principalmente por la mejora en seguridad”.

5. Posibles crímenes de lesa humanidad

Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

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El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Bukele criticó dicho informe y, según dijo, en este “se exige que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción”, aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de los detenidos, sino a “establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas”.

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