AI: Decisiones “regresivas” y “puertas cerradas” marcan gobierno de Sheinbaum en México

Ciudad de México, 21 abr (EFE).- Decisiones “regresivas” y “puertas cerradas” con organizaciones y colectivos de derechos humanos, en medio de una crisis persistente de violencia y desapariciones en México, han marcado el inicio del gobierno de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, según advirtió este martes Amnistía Internacional (AI).

El informe ‘Promesas en marcha, derechos en riesgo. El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum’ alerta sobre una reconfiguración en las instituciones que afecta el funcionamiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Entre estas decisiones, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos y la continuidad de la militarización en la seguridad pública con la Guardia Nacional, lo que implica que “la principal institución federal encargada de hacer cumplir la ley en México es ahora de carácter militar”.

Esta militarización, señaló, se refleja en casos recientes como el ocurrido en Chiapas (sur) el 1 de octubre de 2024 -cuando Sheinbaum asumió la presidencia-, en el que militares dispararon contra un vehículo con personas migrantes, dejando seis muertos, y otro ocurrido en mayo de 2025 en Sinaloa (norte), donde dos niñas murieron tras un ataque de fuerzas armadas.

“Las decisiones tomadas durante el primer año de gobierno son claramente regresivas”, afirmó Olivares, durante la presentación del informe en la capital mexicana.

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 “Puertas cerradas”

A esto se suma, dijo, el cierre del diálogo con organizaciones y colectivos, hacia quienes se ha creado una “narrativa de estigma”, así como la falta de mecanismos efectivos de escucha para las víctimas: “Creo que lo más preocupante es la falta de diálogo y escucha”.

“Ahora tenemos las puertas totalmente cerradas”, expuso, al apuntar que el último gobierno que recibió a AI fue el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), lo que implica un retroceso, pese a que la crisis de violaciones de derechos humanos “no es nueva”.

En materia de desapariciones, Amnistía Internacional recapituló que en México hay más de 133.000 personas desaparecidas, un aumento del 10,5 % en 2025 frente a 2024, según el informe anual global de AI, también lanzado este día.

Olivares añadió que la mayoría de los casos no son investigados por las autoridades, por lo que son las propias familias, principalmente mujeres, quienes realizan labores de búsqueda, una responsabilidad del Estado que solo en 2025 le costó la vida a al menos siete personas buscadoras, con un acumulado de 35 asesinadas y ocho desaparecidas documentadas en los últimos años.

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Ante esta crisis, destacó el reciente diagnóstico e intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que busca llevar la situación en México ante la Asamblea General de la ONU, al considerar que podría tratarse de un “crimen de lesa humanidad”, lo que ha sido rechazado por el Gobierno mexicano.

“Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, pero sobre todo de una vía de esperanza para cientos de miles de personas”, señaló.

Por su parte, Beatriz Zapoteco, fundadora del colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, tras la desaparición de su esposo Santiago Tixteco Cosme en 2016, hizo un llamado al Gobierno a no minimizar la crisis de desapariciones.

“Las autoridades mexicanas deben de reconocer que esta problemática existe, la desaparición es un delito de lesa humanidad(…) Quieren hacer una simulación de que no es cierto, cuando nosotras, que andamos en campo, tenemos un conteo”, dijo, al advertir que muchos casos ni siquiera se denuncian, especialmente en comunidades donde las familias desconocen cómo acudir a una fiscalía.

María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño -victima de feminicidio hace 22 años en el Estado de México, tiempo que lleva sin justicia-, pidió a las autoridades escuchen, frente a una crisis de violencia feminicida persistente, con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día.

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La impunidad de la violencia feminicida es otro de los focos del informe de AI, que asimismo advierte sobre fallas estructurales en las fiscalías, como demuestra el reciente feminicidio de la joven Edith Valdés en la Ciudad de México, un caso envuelto en polémica por las irregularidades y retrasos en la investigación desde la desaparición de la víctima.

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