Trump firma acuerdo bipartidista y pone fin al cierre parcial de Seguridad Nacional

Washington, 30 abr.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves una ley bipartidista aprobada por la Cámara baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante 11 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado.

La firma fue confirmada y difundida por la Casa Blanca en la que destacó que el acuerdo garantiza la continuidad de operaciones clave del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo la seguridad aeroportuaria, la protección de altos funcionarios y la respuesta a emergencias.

El texto fue aprobado previamente por el Congreso con apoyo de demócratas y republicanos, tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias, que quedaron excluidas del paquete y serán abordadas en una legislación separada en las próximas semanas.

El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero por el boicot de los demócratas a la hora de aprobar presupuestos en protesta por la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración -dependientes de este Departamento- en el marco de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno de Donald Trump.

De este modo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quedan excluidas de la medida de financiación aprobada hoy.

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El texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas y un repliegue del liderazgo republicano encabezado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

No obstante, queda en el aire la negociación de reformas a las leyes migratorias y, en particular, a los atributos y límites de actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un fuerte pulso político entre demócratas, que exigen mayores controles sobre el uso de la fuerza, la identificación de los agentes y las detenciones, y republicanos, que buscan ampliar los recursos y capacidades operativas de estas agencias en futuras legislaciones.

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