La Contraloría de Perú alerta que el país perdió 6.400 millones de dólares por corrupción

Lima, 27 feb (EFE).- La Contraloría General de Perú alertó este martes que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante 2023 habría significado un valor aproximado de 24.268 millones de soles (6.400 millones de dólares).

Esta cifra supone el 12,7 % del presupuesto del sector público ejecutado el año pasado, lo que refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones de años anteriores, informó la institución.

«En 2019 vimos una tasa de incidencia del 14,9 %, es decir que casi 15 soles de cada 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional, y para el 2023 hemos visto que estamos en 12,7», informó el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.

Detalló que en términos de dinero, en 2019 el país perdió 23.297 millones de soles y en 2023 la suma asciende 1.000 millones más, pero que la tendencia es decreciente porque en cinco años el crecimiento del presupuesto «ha sido muy significativo».

Shack explicó que del monto calculado por corrupción o inconducta funcional en 2023, aproximadamente 11.992 millones de soles corresponden al gobierno central, seguido de 7.615 millones a nivel de los gobiernos regionales y 4.660 millones registrados en los gobiernos locales.

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«Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con 8.963 millones de soles (incidencia de 17,5 %), seguido de Abastecimiento con 8.836 millones (incidencia del 17,2 %) y Recursos Humanos con 6.469 millones (7,3 %)», señaló la Contraloría en un comunicado.

En cuanto a qué departamentos que registraron una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional, fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17,9 % del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.

El segundo lugar fue para la región norteña de Tumbes con una incidencia de 17,5 %, seguido de Ucayali (16,5 %), Piura (16,2 %), Áncash (16,2 %), La Libertad (15,2 %), Madre de Dios (15 %), Huánuco (15 %) y Loreto (14,8 %).

«La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros», añadió Shack.

Informó que 9.338 funcionarios públicos del gobierno nacional, regional y local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.

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