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Principal universidad pública argentina deja la emergencia y otros centros piden recursos

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Estudiantes caminan alrededor de la facultad de Derecho de La Universidad de Buenos Aires (UBA), este jueves en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 16 may (EFE).- La Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió el estado de «emergencia universitaria» por la inyección de un aumento presupuestario por parte del Ejecutivo argentino, al tiempo que las demás instituciones universitarias públicas reclaman que sólo se reconoció a una y no a «la totalidad del sistema».

«Resulta inadmisible y provocador que se reconozca sólo una universidad y no la totalidad del sistema, que reúne a un conjunto de 60 universidades y representan a 2.000.000 de estudiantes en todo el país. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda», indicó en las últimas horas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

La respuesta del CIN se debe a que este miércoles la UBA anunció el fin de la emergencia educativa que regía desde el 10 de abril, tras la inyección de un aumento presupuestario para gastos operativos de los edificios y para hospitales de la casa de altos estudios.

«Más allá de esta mejora obtenida, la Universidad permanece en estado de alerta y profunda preocupación por la desactualización salarial de docentes y no docentes, la desfinanciación del sistema científico-tecnológico, programas de extensión y las obras de infraestructura», agregó la UBA.

El Gobierno de Javier Milei negó que haya «discriminación entre universidades», indicó.

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«No hay ningún tipo de discriminación entre universidades, cada una es distinta y con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario. Cada universidad tiene necesidades que se deben atender de manera particular. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Se seguirá conociendo lo que se vaya acordando», dijo este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).

La gran marcha de estudiantes universitarios del 23 de abril, a la que se sumaron organizaciones sociales y sindicales, en defensa de la educación pública, obligó al Estado a reforzar el presupuesto con un 270 % para el funcionamiento y un 300 % para los hospitales académicos.

«Habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación», remarcó el CIN.

Además, reclamaron ajustes salariales, fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, becas y obras de infraestructura, que actualmente están paralizadas.

Por su parte, la UBA reclama una Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso para equilibrar la balanza de los recursos necesitados.

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«También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios, y que se sancione una ley de financiamiento universitario», escribió su vicerrector, Emiliano Yacobitti, en X.

Por su parte, el CIN rechazó «cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades».

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