Jackson pide la liberación de los fondos congelados por los talibanes para las víctimas y familias del 11-S.

El fiscal general Jeff Jackson, quien se alistó después de los ataques del 11 de septiembre y sirvió en Afganistán, y una coalición bipartidista de 30 fiscales generales están solicitando a la Corte Suprema de los Estados Unidos que garantice que los fondos congelados de los talibanes se destinen a las víctimas y a las familias de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El fiscal general Jackson presentó un escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema en nombre de las víctimas y sus familias que obtuvieron sentencias favorables contra los talibanes. Las víctimas consiguieron indemnizaciones por un total aproximado de 17.000 millones de dólares contra los talibanes, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó que 3.500 millones de dólares en activos congelados pertenecientes a los talibanes no pueden utilizarse para el pago de dichas indemnizaciones. La coalición solicita a la Corte Suprema que revise esa decisión.  

“Este dinero pertenece legítimamente a las víctimas que sobrevivieron al 11-S y a las familias de quienes perdieron la vida”, declaró el fiscal general Jeff Jackson . “Le pedimos a la Corte Suprema que haga lo correcto y se asegure de que les llegue a ellos”.

Tras los atentados del 11 de septiembre, el Congreso promulgó la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés). Esta ley establece que, siempre que una persona obtenga una sentencia en contra de un grupo terrorista por un acto de terrorismo, cualquier activo en Estados Unidos, incluidos los activos congelados de dicho grupo, podrá utilizarse para pagar la sentencia.  

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los aproximadamente 7.000 millones de dólares que el Banco Da Afghanistan (DAB) mantenía en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el 15 de agosto de 2021, día en que las fuerzas talibanes capturaron Kabul. Ocho días después, los talibanes nombraron a un leal a ellos como gobernador interino del DAB y designaron a dos personas consideradas terroristas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como subgobernadores. De los 7.000 millones de dólares en activos del DAB, 3.500 millones permanecen en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Sin embargo, el Segundo Circuito dictaminó que ese dinero no puede utilizarse para cumplir con las sentencias en cuestión, ya que el Departamento del Tesoro congeló los activos antes de que los talibanes terminaran de nombrar a sus propios gobernadores en el banco.  

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El escrito de amicus curiae del fiscal general Jackson argumenta que el Segundo Circuito está interpretando erróneamente la ley y que la TRIA se aplica independientemente de cuándo los talibanes tomaron el poder. El escrito afirma que el Segundo Circuito no basó su fallo en el texto de la ley y admitió que dicho texto no ofrecía “ninguna orientación”.

El escrito de amicus curiae solicita a la Corte Suprema que admita una petición para revisar el fallo.  

El fiscal general Jackson cuenta con el apoyo de los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming para presentar el escrito.

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