Alimentación, salud y educación, los pendientes de Bolivia con niños que viven en cárceles

La Paz, 10 oct (EFE).- El cumplimiento pleno de derechos básicos como una mejor alimentación y el acceso a salud y educación adecuadas son algunos pendientes que tiene Bolivia con más de un centenar de niños menores de seis años que viven en las cárceles del país junto a sus madres.

Hasta 2018, la legislación boliviana permitía la permanencia de niños y adolescentes hasta los 17 años en las cárceles junto a sus padres, pero se constataron “graves vulneraciones” a los derechos de los menores, explicó a EFE el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma.

Recordó que hubo casos de padres que prostituían a sus hijas en las cárceles y que “felizmente” salió una disposición por la que ahora “solo se permite la presencia de niños de 0 a 6 años” únicamente en las prisiones de mujeres.

“Si bien esto es un avance, todavía resta mucho (…) para garantizar el derecho de los niños, especialmente en los derechos básicos que no se están cumpliendo”, señaló.

El funcionario remarcó que los menores están en las cárceles “porque son hijos de privadas de libertad” y por esto “el Estado debería redoblar los esfuerzos para que los derechos estén totalmente garantizados”.

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Derechos a medias

Un reciente informe de la Defensoría sobre la situación de las mujeres recluidas en Bolivia indica que hasta 2023 había 145 niños de 0 a 6 años que vivían en prisión con sus madres.

Uno de los derechos que la entidad detectó, que no se cumple plenamente, es el de tener una alimentación adecuada.

Cada recluso en Bolivia recibe a diario para su alimentación 8 bolivianos, poco más de un dólar, y las mujeres con hijos tienen que hacer alcanzar ese dinero para dar de comer a sus pequeños, algo que “preocupa” a la Defensoría.

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Ledezma mencionó que los estándares internacionales establecen “la obligatoriedad del Estado de proteger y garantizar alimentación diferenciada para los niños”, pero eso no ocurre.

La Defensoría recogió testimonios de mujeres con niños recién nacidos que no pueden acceder a alimentos adecuados, pues la comida disponible en prisión no está precisamente pensada para pequeños de esas edades.

La situación en cuanto a la salud es similar, pues en los penales “no hay presencia de especialistas en pediatría” y también es preocupante la educación y el desarrollo integral de los menores.

El coordinador citó como uno de los pocos “buenos ejemplos” a la cárcel San Sebastián, en Cochabamba, donde mediante el apoyo de una ONG los niños salen del penal tras desayunar para estudiar junto a menores que no están en la misma situación y luego vuelven a la cárcel para dormir, lo que les da “una vida más cercana a lo normal”.

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Situación y sugerencias

Según la Defensoría, en 2019 había 18.208 reclusos y en 2023, la población llegaba a 28.838, con un incremento del 50 %, mientras que en el mismo periodo el presupuesto carcelario bajó en 15 %.

Hasta junio de 2024 había 2.150 mujeres, un 12,5 % más que las 1.871 registradas hasta noviembre de 2023.

Ledezma detalló que el 41,24 % de las mujeres fueron encarceladas por delitos relacionados con la ley de Sustancias Controladas y el 12,28 % por delitos no violentos, lo que supone que “más de la mitad de la población penitenciaria está ahí, pudiendo estar en detención preventiva porque no representa un peligro para la población”.

Y es que un problema en Bolivia es la excesiva aplicación de la detención preventiva que deriva en el hacinamiento carcelario, algo que es cuestionado incluso por organismos internacionales.

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El problema es la reducción generalizada de recursos fiscales. Ante esto, Ledezma consideró que habría que dar a las reclusas las condiciones para generar sus propios ingresos como ocurre, por ejemplo, en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes en La Paz.

En ese penal, mediante convenios con una ONG, las mujeres tienen iniciativas para la venta de tejidos y servicios de lavandería, cafetería y peluquería canina.

En cuanto a la educación, la Defensoría impulsa que se replique el modelo de San Sebastián en otras regiones para que los menores tengan un desarrollo integral.

También es necesario que las prisiones tengan ambientes específicos para las reclusas que acaban de dar a luz y promover convenios con hospitales para que los menores reciban atención pediátrica al menos una vez al año.

Gina Baldivieso

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