Periodistas enfrentan en Ecuador una “creciente ola de agresiones”, según la SIP

Córdoba (Argentina), 18 oct (EFE).- Los periodistas enfrentaron en el último año en Ecuador una “creciente ola de agresiones” cada vez más violentas y sistemáticas, que incluyen ataques físicos, amenazas y abuso del poder judicial para silenciarlos, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual, pendiente de aprobación.

Muchas de estas agresiones provienen de actores estatales, indicó la SIP, aunque los periodistas también se enfrentan, entre otros, a extorsiones por parte de organizaciones delictivas.

Informes de diversas organizaciones no gubernamentales nombraron las amenazas y procesos judiciales como las herramientas de censura y control más frecuentes, además de destacar el papel del crimen organizado como uno de los principales atacantes de la libertad de expresión.

A pesar de que en marzo de este año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se adhirió a las declaraciones de Chapultepec y Salta para proteger la libertad de expresión, el Consejo de Comunicación del país anunció que se rechazó el presupuesto de 784.000 dólares que se había solicitado para el Mecanismo de Protección para Periodistas.

Forzados al exilio 

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La SIP declaró que, debido a la falta de apoyo estatal y garantías de protección, algunos periodistas se han visto forzados a exiliarse.

La mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) de Fundamedios reportó la reubicación de un periodista ecuatoriano, el cuarto este año, debido a que recibió amenazas de muerte por publicar contenido de interés local.

De igual manera, la SIP presentó el caso de la cubana Alondra Santiago, quien por hacer una parodia del himno nacional el Gobierno le retiró su visado y la forzó a salir del país.

También se mencionó el caso de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas del medio digital ‘La Posta’, quienes tras convertirse en el blanco de una campaña de odio en redes sociales, salieron del país en septiembre para solicitar asilo en Canadá.

Agresiones a periodistas

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En su informe, la SIP mencionó varios de los casos en los que los periodistas se han visto intimidados en Ecuador, entre los que se encuentran el de Yutsu Maiche, agredido mientras cubría un conflicto en la Federación de indígenas Shuar, o el de Cristian Guzmán, amenazado por el gobernador de la provincia costera de Esmeraldas, luego de publicar un reportaje crítico.

El documento también puso el foco en las ruedas de prensa donde las autoridades impidieron preguntas o la cancelación del programa ‘Los irreverentes’, de los periodistas Fabricio Vela y María Sol Borja, tras una presunta influencia del Gobierno, que se suman a las presiones que experimentan los periodistas y medios de comunicación en Ecuador.

También existieron ataques a través de las redes sociales, desde donde cargos públicos como el exasesor de la Asamblea Daniel Granja atacó a la prensa, o donde la periodista María Sol Borja recibió una ola de comentarios misóginos por una columna crítica sobre el Gobierno.

“En este periodo continuaron los ataques en redes sociales mediante cuentas trol, suplantación de medios en las redes y ataques cibernéticos a las páginas de los medios”, expresó la SIP.

Abusos judiciales y extorsión

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Según recogió la SIP, también existieron casos de uso abusivo del Poder Judicial, como el ejemplo de Jonathan Quezada, quien fue sentenciado a 15 días de prisión por presuntas «expresiones de descrédito» hacia un juez mientras investigaba denuncias de corrupción en el sistema judicial.

En ese aspecto, Fundamedios condenó el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la desclasificación de información sobre el caso de los periodistas del diario El Comercio Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en 2018 por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También se produjeron ataques a medios en los casos del diario ‘Prensa La Verdad’, que sufrió un atentado con disparos en su sede, y ‘Canal del Río Quevedo’, que recibió un panfleto que exigía un pago de 80.000 dólares a cambio de no atentar contra su propietario y equipo.

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