Un tribunal pide ajustar en 24 horas la acusación contra un gobernador opositor en Bolivia

La Paz, 24 oct (EFE).- Un tribunal boliviano pidió este jueves que la Fiscalía enmiende en 24 horas su acusación contra el suspendido gobernador de Santa Cruz y opositor, Luis Fernando Camacho, en el marco del juicio por los hechos de la crisis de 2019, y del que fue apartada la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por doble juzgamiento.

El subprocurador del Estado, Ricardo Condori, informó que el Tribunal de Sentencia de La Paz «le ha concedido 24 horas a la Fiscalía» para que «subsane» su acusación en relación a los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.

Condori indicó al canal estatal Bolivia TV que se trata de observaciones «solamente de forma y no de fondo» puesto que se mantiene «firme» la acusación por terrorismo contra quien en 2019 fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

«No se ha anulado de ninguna manera la acusación», remarcó.

Esta madrugada, Camacho y el exlíder ciudadano del departamento andino de Potosí Marco Pumari fueron trasladados hasta el Tribunal de Departamental de Justicia de La Paz para la continuación del juicio llamado ‘Golpe de Estado I’ y que tuvo hace una semana la primera audiencia.

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Diego Gutiérrez, abogado de Pumari, había anticipado a los medios que la audiencia de este jueves debía tratar solamente los incidentes contra la acusación de la Fiscalía para que el proceso «vaya a fojas cero» (volver a empezar).

En tanto que el jurista Martín Camacho, quien defiende al suspendido gobernador de Santa Cruz, indicó antes de la audiencia que la acusación «ya fue observada en mayo de este año por el mismo tribunal» por lo que se insistiría en que se retire.

El caso se inició por una denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

El gobernador está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aun era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por lo que fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros.

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En tanto que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien figuraba como «cómplice» en este mismo proceso fue apartada del juicio en la audiencia que se celebró la semana pasada, al considerarse que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el proceso llamado «Golpe de Estado II».

Por ese caso, Áñez recibió a mediados de 2022 una sentencia de 10 años de prisión por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial cuando era la segunda vicepresidenta del Senado en 2019.

Los abogados de Áñez y la oposición defienden que le corresponde un tratamiento especial en un juicio de responsabilidades como exmandataria y no por la vía ordinaria, en donde residen otros procesos por actos administrativos que realizó durante su Gobierno.

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