El Congreso de Brasil posterga el debate sobre una amnistía para los golpistas de 2023

Brasilia, 29 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, le dio largas este martes a un debate sobre una posible amnistía a los implicados en la asonada golpista de enero de 2023, al decidir que el asunto sea discutido por una comisión especial.

Lira prolongó así el trámite de un proyecto que era analizado por la Comisión de Constitución y Justicia, dominada por la ultraderecha afín al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y que desde hace meses intenta llevar adelante esa amnistía.

En la práctica, la creación de esa comisión especial supone que el asunto no será resuelto hasta después del receso de fin de año del Parlamento, que comenzará a fines de diciembre y concluirá en febrero, cuando además serán renovadas todas sus autoridades.

La decisión del presidente de la Cámara fue anunciada cuando la Comisión de Constitución y Justicia se disponía a votar el texto, que propone una amnistía «para todos los que hayan participado en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional entre el 30 de octubre de 2022 y el día de entrada en vigor de la ley».

En esa fecha, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien no reconoció el resultado, y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se clamaba abiertamente por un golpe que mantuviera al ultraderechista en el poder.

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El líder progresista asumió el 1 de enero de 2023, con Bolsonaro en Estados Unidos, hacia donde había viajado dos días antes con la clara intención de no traspasar el poder, y una semana después miles de activistas de la ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema en Brasilia.

Exigían una «intervención militar», así como habían hecho frente a los cuarteles, pero no encontraron ningún eco en las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía presentó cargos contra unas 1.400 personas por los sucesos del 8 de enero y ya ha condenado a unos 200 acusados a penas de hasta 17 años de prisión.

Bolsonaro, a quien muchos consideran el promotor de esos hechos y quien mantiene una campaña en favor de la amnistía, no fue incluido en el juicio sobre el 8 de enero de 2023, pero se le investiga por una supuesta conspiración para intentar impedir la investidura de Lula.

También responde en otros procesos y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años en la Justicia electoral, por «abusos de poder» verificados durante la campaña de 2022.

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