Crimen y Justicia
Declaran continuidad de las elecciones judiciales en Bolivia pese a fallo constitucional
La Paz, 11 nov (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia junto a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los partidos políticos reafirmaron este lunes la continuación de los comicios judiciales a pesar de la reciente sentencia constitucional que declaró desierto el proceso en cinco de las nueve regiones del país.
El presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, leyó el documento nombrado como la ‘Segunda declaración por la Democracia’ que «reafirma la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024» y rechaza la sentencia constitucional porque «incurre en una flagrante violación del principio de reclusión».
La declaración también señala que los firmantes de la misma «expresan el respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales en forma íntegra».
Asimismo, el pronunciamiento ratificó la vigencia de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales promulgada en febrero pasado como una forma de «blindar» la realización de dichos comicios.
El documento emplaza al Ejecutivo del presidente Luis Arce a «garantizar los recursos económicos necesarios, ya presupuestados para la ejecución de las elecciones» y pide que el Legislativo emita un pronunciamiento en rechazo a la cuestionada sentencia, entre otros aspectos.
El documento fue firmado por los representantes del Legislativo como el presidente nato del Parlamento, el vicepresidente David Choquehuanca; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.
También fue suscrito por el representante del Ejecutivo, el ministro de Justicia, César Siles; los delgados de las fuerzas políticas como el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del exmandatario Evo Morales (2006-2019); Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y Creemos, del líder opositor y suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
A esto se sumaron los dirigentes Unidad Nacional (UD), el Movimiento Demócrata Social (MDS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y del Partido Demócrata Cristiano, entre otros.
Electoral se resiste a la sentencia
El jueves se conoció el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y para el mismo TCP, en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, además de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
La sentencia corresponde a dos expedientes abiertos por acciones presentadas por dos postulantes a los tribunales que no llegaron a la fase final de la preselección en el Legislativo.
Al inicio del encuentro interinstitucional y multipartidario, el TSE señaló la importancia de la realización de unos comicios «íntegros» y «unitarios».
Al final de la reunión, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, declaró a los medios que el propósito de la declaración es «garantizar el sufragio» de la población «sin injerencia o interferencias» que pongan en riesgo los procesos electorales.
Vargas también explicó que el TSE interpuso varios recursos ante el TCP, entre estos un pedido de complementación y enmienda, una solicitud de avocación y un recurso sobre línea jurisprudencial así como un proyecto de ley al Parlamento para que garantice la celebración de los comicios judiciales.
La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo o en blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.
Esto generó fuertes protestas de la oposición y de los seguidores del expresidente y líder oficialista Morales, que a principios de año bloquearon caminos para exigir que se realizaran los comicios judiciales.
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