El aborto, un derecho no siempre garantizado en Portugal pese a la ley

Lisboa, 18 nov (EFE).- A pesar de que fue despenalizado en 2007, el acceso al aborto aún enfrenta barreras en Portugal, donde cerca del 30 % de los hospitales públicos no lo realizan, no hay registro de médicos objetores de conciencia y sólo se permite hasta las 10 semanas de gestación, de los plazos más restrictivos de Europa.

Dos proyectos legislativos del Partido Socialista y el Bloque de Izquierda quieren resolver estos problemas, regular la objeción de conciencia y ampliar los plazos a 12 o 14 semanas, para aliviar la carrera de obstáculos que pasan algunas mujeres para interrumpir su embarazo.

«Yo me sentía así: sí se puede hacer, pero te vamos a torturar un poco hasta que llegues», relató a EFE Laura (nombre ficticio), una argentina que reside en el Algarve, en el sur de Portugal, con su pareja y que quedó embarazada a los 33 años.

En proceso para obtener la residencia en Portugal, no quería tener un hijo y logró interrumpir su embarazo en un hospital público, pero por el camino se cruzó con varias personas que no quisieron atenderla.

Tuvo que llamar y acudir a diferentes centros de salud hasta que en uno la aceptaron y la derivaron al hospital. En la última consulta, tras realizar el procedimiento, una doctora le reprochó si había venido desde Argentina para abortar.

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«Me dijo ‘lo que vos tomaste es una bomba para matar a un ser humano (…) Espero no volverte a ver acá por un aborto y que la próxima vez sea con un bebé en brazos», recordó.

El sistema -donde aún pesa una moral patriarcal y católica, aseguraron varias mujeres y profesionales con los que habló EFE- no es capaz de garantizar que una paciente sólo será atendida por personas que no cuestionarán su decisión.

«No sabemos cuántos objetores de conciencia existen, sabemos que son suficientes para constituir una barrera en la organización de este cuidado», explicó a EFE la doctora Teresa Bombas, presidenta de la Sociedad Europea de Anticoncepción y Salud Reproductiva.

Debido a los objetores, cerca del 30 % de los hospitales públicos portugueses no realizan abortos, según la Dirección General de Salud (DGS) lusa.

Las pacientes son derivadas a otros centros, a veces privados -el Estado asume el coste si las remiten desde la pública-, lo que en muchos casos las obliga a viajar cientos de kilómetros y hasta coger un avión, si viven en los archipiélagos de Madeira y Azores.

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Es la situación que vivió la periodista Patrícia Cardoso en 2020, cuando quiso interrumpir su embarazo y llamó al hospital de su ciudad, pero allí no lo realizaban.

Finalmente decidió optar por la opción más rápida y pagarse una clínica privada, lo que puede rondar los 600 euros, a casi 100 kilómetros de casa.

Cardoso, contó a EFE, se siente una «privilegiada» por haber podido recurrir a la privada, pero sabe que otras mujeres no tienen esa oportunidad.

«Hay personas que no consiguen hacerlo o que lo hacen en situaciones extremas o tienen que recurrir a otros países o pasan por procesos traumáticos. No por su elección, sino por los procesos que los hospitales les obligan a pasar», denunció.

Este tipo de casos y otros como el de la argentina Laura llegan «constantemente» a Escolha (‘Elección’), la asociación que la periodista fundó en mayo para apoyar a mujeres que pasan por esta experiencia.

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Muchas acaban en la Clínica dos Arcos, un centro privado de Lisboa que recibe pacientes derivadas del centro y sur del país y que hizo el 30 % de las 16.471 interrupciones del embarazo que hubo en Portugal en 2022.

«Si no existiese la Clínica dos Arcos, habría un problema gravísimo en la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo en Lisboa», indicó a EFE su director clínico, Rui Marques de Carvalho.

El centro forma parte de un grupo español que tiene la Clínica Guadiana Los Arcos en Badajoz, que el año pasado atendió a 439 portuguesas.

Otras clínicas españolas también atienden cada año a cientos de lusas y la razón principal es el plazo, porque en España está permitido hasta las 14 semanas.

«Portugal es el país de Europa con la legislación más restrictiva», afirmó la doctora Bombas, que señaló que adolescentes, extranjeras y mujeres con menos recursos o víctimas de violencia y exclusión «tienden a superar» las 10 semanas.

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Cardoso conoce mujeres que abortaron en España cuando en Portugal todavía se debatía el referéndum. «Después de casi 20 años de la ley, todavía hay personas que van a España. No hemos evolucionado tanto».

Paula Fernández

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