La vicepresidenta de Filipinas no acude a declarar por sus amenazas de muerte a Marcos

Manila, 11 dic (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, se negó este miércoles a ser interrogada por las autoridades sobre sus amenazas de muerte contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., y defendió sus polémicas declaraciones en plena ruptura entre ambos mandatarios.

«Mis abogados me presentaron varias opciones cuando les pregunté si tenía que ir a la Oficina Nacional de Investigación (NBI, en inglés) a declarar, dijeron que podía enviar una carta», afirmó Duterte durante una rueda de prensa, al eludir en menos de un mes la segunda convocatoria de la agencia gubernamental encargada de casos de alto nivel.

La vicepresidenta dijo haber ordenado matar a Marcos Jr., a su mujer y al presidente de la Cámara de Representantes si ella era asesinada primero. Un condicionante que, defendió en su misiva enviada al NBI, hace imposible que se trate de una verdadera amenaza de muerte.

La hija del exmandatario Rodrigo Duterte subrayó durante la rueda de prensa que no se arrepentía de sus declaraciones, sin embargo.

«Si muero, es mejor que sepan que no morí en vano», dijo, destacando una vez más las supuestas amenazas que pesan sobre su cabeza. La vicepresidenta también afirmó que, en el peor escenario posible planteado por sus abogados, podría ser expulsada de su puesto y verse frente «a un alud de casos» en su contra.

La relación entre la vicepresidenta y Marcos Jr, que se presentaron de forma conjunta a las elecciones de 2022, se ha deteriorado en los últimos meses hasta desembocar en una ruptura completa.

Duterte abandonó el Gobierno el pasado junio, después de que la cámara baja del Congreso comenzara en 2023 una investigación sobre el uso de fondos reservados de Inteligencia.

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Tras sus supuestas amenazas de muerte contra el presidente, grupos de la sociedad civil y partidos opositores presentaron dos procesos de destitución contra la vicepresidenta, a la que acusan entre otras cosas de traicionar la confianza pública al utilizar de manera irregular 10,5 millones de dólares de los fondos reservados.

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