AI denuncia abusos en la guerra «sin sangre» contra las drogas de Marcos Jr. en Filipinas

Manila, 28 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves abusos y detenciones arbitrarias por la guerra contra las drogas en Filipinas, calificada por las autoridades como «sin derramamiento de sangre» frente a los asesinatos extrajudiciales que marcaron la campaña de su predecesor, Rodrigo Duterte.

«Los centros de detención para drogadictos son disfrazados como instalaciones que ofrecen tratamiento y rehabilitación. En realidad, son sitios de detención arbitraria donde las personas sufren serias violaciones de los derechos humanos», afirmó el representante de la organización pro derechos humanos en Filipinas, Jerrie Abella.

En un informe, la organización afirmó que la campaña contra las drogas lanzada por el presidente, Ferdinand Marcos Jr., solo «busca castigar a las personas que toman drogas y forzarlos a la abstinencia».

AI denunció torturas sistemáticas a acusados de consumir drogas, detenciones arbitrarias y prácticas invasivas.

La organización también afirmó que los centros de rehabilitación en los que muchos acusados se ven detenidos arbitrariamente, normalmente entre seis meses y un año en virtud de acuerdos con tribunales, «carecen de los conocimientos médicos necesarios para ordenar o supervisar cualquier tipo de tratamiento contra las drogas».

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El informe de AI llega en medio de las criticas a la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte en Filipinas, donde según la Policía al menos 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2022. Organizaciones no gubernamentales locales, sin embargo, elevan esta cifra a más de 30.000.

En el último mes, Duterte ha comparecido ante dos comisiones del Senado y del Congreso filipino que investigan los asesinatos extrajudiciales cometidos bajo su mandato. La Corte Penal Internacional (CPI) está examinando también estos abusos a los derechos humanos, a pesar de que el exmandatario retiró a Filipinas del organismo internacional en 2019.

Abella afirmó que el examen de los abusos de la época Duterte es «correcto», pero llamó a no olvidar que la criminalización de las personas que consumen drogas continúa.

«Las violaciones que están teniendo lugar en los centros de detención, mayoritariamente ocultas, deben ser examinadas urgentemente», dijo.

Marcos Jr. se hizo con el poder en 2022, y prometió entonces abandonar la violencia que caracterizó al mandato de Duterte con una nueva guerra contra las drogas «sin derramamiento sangre». Hace tan solo dos semanas, el Departamento de Justicia filipino prometió intensificarla.

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Sin embargo, frente a la retórica oficial, activistas y expertos pintan una imagen más oscura de la campaña en curso.

Raymond Palatino, activista y secretario general del grupo izquierdista filipino Bayan, lamentó en declaraciones a EFE que la guerra contra las drogas «continúa bajo un enfoque diferente» pero sigue basándose en la represión y persecución de los consumidores.

El proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas, documentó en su último informe 702 muertes relacionadas con las drogas desde que Marcos Jr. llegó al poder en 2022.

No solo su número fue en aumento entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2024, en comparación con el mismo periodo precedente, sino que la organización afirmó que agentes estatales fueron responsables del 34,2% de los asesinatos durante el segundo año de la guerra contra las drogas del nuevo presidente.

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