Áñez recuerda en prisión los cinco años de su llegada a la Presidencia interina de Bolivia

La Paz, 12 nov (EFE).- La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez ratificó que la sucesión por la que la opositora llegó al poder en 2019 fue «constitucional» por la cadena de renuncias que hubo tras la dimisión del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) en medio de la crisis social y política de ese año en el país.

El abogado Luis Guillén, que integra la defensa de Áñez (2019-2020), dijo a EFE que dentro de las investigaciones por los dos procesos iniciados contra la exmandataria por la crisis de 2019 surgieron «elementos probatorios» que señalan que «no había nadie» más que la opositora en la línea de sucesión.

Evo Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de ese año que luego fueron anuladas.

Jeanine Áñez asumió el mando interino del país dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.

La entonces segunda vicepresidenta del Senado activó un mecanismo de sucesión, sin el cuórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al MAS, acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.

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En los procesos por los llamados casos ‘golpe de Estado I’ y ‘golpe de Estado II’ se escucharon los testimonios de todos quienes «pudieran estar implicados y han reflejado esta situación, que no existía nadie que pudiera asumir la Presidencia en esos momentos», indicó.

Según Guillén, lo que revelaron estas declaraciones y la «producción de prueba en su momento» fue «que efectivamente hubo una sucesión constitucional» en 2019.

El abogado sostuvo que «no había otra alternativa en el país» que fuera viable y aseguró que «la otra alternativa» propuesta por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) «era la guerra civil».

«Una guerra en la que los bolivianos nos íbamos a confrontar para que volviera Evo Morales. Esa era la otra alternativa y estaba todo planificado», manifestó.

Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del caso ‘golpe de Estado I’, sindicada de «terrorismo», y en 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión en el proceso por el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

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El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en las últimas semanas teniendo como principales acusados al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder ciudadano del departamento andino de Potosí y excandidato a la Vicepresidencia Marco Pumari.

Ambos lideraron las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.

Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.

Ella siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.

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