Anulan el voto de Cooper a la HB10

Raleigh/Charlotte, N.C., 19 de noviembre de 2024-  Con 67 votos a favor y 43 en contra, el proyecto de ley HB10, titulado “Requerir la colaboración de ICE y el desfinanciamiento de la educación pública”, fue aprobado y desde entonces, buena parte de la comunidad inmigrante hispana cifraba sus esperanzas en el veto del gobernador Roy Cooper a esta propuesta.

Este veto ocurrió y, como lo habían vaticinado numerosos analistas políticos, organizaciones proinmigrantes y activistas, la plenaria lo anuló.

Carolina Migrant Network es una de las organizaciones que alzó su voz para condenar la decisión de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, reiterando que el espíritu de esta ley es exigir la cooperación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Esta norma siembra miedo en las comunidades de inmigrantes y erosiona la confianza en las instituciones públicas. Obliga a las agencias locales a actuar como agentes de inmigración, creando un ambiente donde las familias viven en constante temor y es menos probable que denuncien delitos o busquen servicios críticos”, indica. 

Y como este proyecto de ley se convirtió en un 2 por 1, sobre temas muy diferentes, también impulsará lo que los activistas de Carolina Migrant Network han llamado “desfinanciamiento de la educación pública”.

Anuncio

“Hoy, los representantes estatales anularon el veto a la HB 10, un proyecto de ley que gasta millones de dólares de los contribuyentes en promover vales para escuelas privadas y drena recursos para la aplicación de la ley de inmigración en lugar de satisfacer las necesidades reales de educación y seguridad de los habitantes de Carolina del Norte”, reza el comunicado público compartido con La Conexión USA por Daniela Andrada, directora de Comunicaciones de la citada organización.

Recordó que la HB10 duplica la financiación de los costos de matrícula de las escuelas privadas con una expansión de $554 millones de los vales para escuelas privadas, a pesar de las persistentes dudas sobre la falta de supervisión financiera adecuada del programa y su potencial de fraude. 

“Esta financiación se destinará en gran medida a familias adineradas que ya pueden pagar la matrícula de una escuela privada”, señaló. 

A su juicio, las disposiciones dirigidas a la financiación de la educación son igualmente devastadoras, ya que castigan a los estudiantes vulnerables y debilitan los cimientos de la futura fuerza laboral inmigrante. 

“Imploramos que el liderazgo del Senado defienda a nuestros estudiantes y familias; y vote en contra de la anulación del veto”, dijo Stefanía Arteaga, co-directora ejecutiva de Carolina Migrant Network.

Anuncio

Share on Facebook

Tweet