Crimen y Justicia

Arrestan a policía de Puerto Rico, su esposa e hija por trata humana contra discapacitada

Publicado

hace 3 horas

octubre 22, 2025

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Agentes de policía patrullan una calle en San Juan (Puerto Rico). Imagen de archivo. EFE/Thais Llorca

San Juan, 22 oct (EFE).- Un policía de Puerto Rico, su esposa y su hija fueron arrestados este miércoles, acusados por cometer trata humana por mantener como esclava, trabajo forzoso, agresión física y robo contra una mujer discapacitada, informaron fuentes federales en la isla.

Los imputados fueron identificados como Enrique Gutierrez Rivera, de 54 años y policía municipal de Carolina; su esposa, Luz María Peña López, de 55, y su hija Tatiana Correa Peña, de 36.

Así lo detalló en un comunicado Harmeet Dhillon, asistente de la División de Derechos Humanos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo con la acusación federal, Peña López y Correa Peña golpearon, restringieron físicamente, amenazaron con violencia, esclavizaron, aislaron, denegaron el uso de higiene y cuidado médico, como proveerle medicamentos a la víctima, a quien forzaron a realizar trabajo doméstico en su residencia.

Además, utilizaron a la anciana para involucrarse en actos criminales y fraudulentos para su beneficio económico.

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Igualmente, la acusación detalla que Peña López y Correa Peña amenazaron a la víctima con violencia y atentaron contra su vida, y la golpeaban con correas, escobas y cables, la restringieron de salir de su residencia al forzarla a dormir en un espacio junto a gallos y cabras.

También, usaban los beneficios del Seguro Social para su uso personal, denegándole las ayudas económicas para costearse artículos personales y de higiene como cepillo de diente, desodorante y toallas sanitarias.

El oficial Gutierrez Rivera, mientras tanto, fue acusado también por encubrir dichos actos y beneficiarse de la ayuda económica del Seguro Social de la víctima.

Por los cargos por trabajo forzoso, los imputados podrían enfrentar una pena máxima de 20 años en una prisión federal, mientras por conducta negligente agregarían una sentencia de tres años.

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