Avanzó la HB10 en el Senado

Raleigh, N.C., 9 de septiembre de 2024- El proyecto de ley HB10, ahora titulado “Requerir Colaboración de ICE y Ajustes Presupuestarios” y calificado como antiinmigrante por el profundo daño que se prevé hará su ejecución a las familias de Carolina del Norte, especialmente a las indocumentadas, pasó en el Senado, con 27 votos a favor y 17 en contra.

El director de Política de la organización proinmigrante El Pueblo, Mario Alfaro, alertó sobre el impacto negativo que tendrá en la comunidad hispana, especialmente en las familias con miembros sin documentos.

«De aprobarse, esta ley sería ejecutada por funcionarios que tendrán la potestad de encarcelar de manera discrecional a indocumentados, tomando en cuenta el perfil racial, para entregarlos a ICE; podrían abusar de su poder sin temor a ser castigados por extralimitaciones porque esta ley les otorga inmunidad», dijo.

Ahora este proyecto antiinmigrante pasará a la Cámara de Representantes para una votación final, probablemente a finales de esta semana. 

Adicional al programa 287g, la HB10 es el tercer intento de la bancada republicana de establecer un nuevo orden que obligue a los alguaciles y responsables de administrar cárceles, celdas, centros de detención en el estado a colaborar con ICE. El primer intento fue HB 370 (2022-2023) y el segundo fue la SB 101 (2023). Ambas fueron vetadas.

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“Hemos visto que un proyecto de ley como la HB10 se utiliza para detener personas indocumentadas e iniciar trámites que terminan en deportaciones y dolorosas separaciones de familias”, advirtió.

A su juicio, la HB10 es grave, peligrosa, nociva y antiinmigrante porque se transformará, de ser aprobada, en el marco legal que permitiría a autoridades detener a miembros de la comunidad y, si estas personas no están en capacidad de demostrar su estatus migratorio, serían puestas a las órdenes de ICE.

Cree que el debate en torno a la HB10 durante el año electoral ha venido a exacerbar discursos de odio, antiinmigrantes y los ataques a la comunidad indocumentada.

“Se ha criminalizado a nuestra comunidad, partiendo de premisas y generalizaciones que son absolutamente falsas”, dijo.

“No es cierto que la mayoría de los indocumentados está conformada por personas violentas, que vienen de grupos guerrilleros, o pandillas de sus países de origen, que vienen a Carolina el Norte a quitar puestos de trabajo, o que no pagan impuestos, cuando en realidad el aporte de la comunidad inmigrante se cuantifica en billones de dólares”.

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¿Dónde está el peligro? 

1.- Discrecionalidad

El proyecto de ley dice que solo se alicaría a personas detenidas como sospechosas de cometer ciertos delitos graves: narcotráfico, homicidio, violación sexual, pandillaje, secuestro, tráfico humano, agresión o violación de una de orden de protección.

“Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que una persona que comete delitos de esta naturaleza esté fuera de nuestras comunidades. Todos queremos comunidades seguras. Pero, hemos visto que este no es el caso porque los hechos nos han confirmado que agentes detienen de manera discrecional, utilizando la ley como amparo para extralimitarse en sus funciones y encarcelar a personas solamente por su perfil racial”, explicó Alfaro.

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2.- Inmunidad

La propuesta también otorga inmunidad administrativa y penal a los funcionarios que aplicarían esta ley.

“Un funcionario de la polícía racista que utilice esta ley para detener a personas indocumentadas bajo la sospecha de haber cometido un delito grave, y que abuse de este nuevo marco legal -en caso de que entre vigor- para violar los derechos de la persona detenida, estará protegido porque gozará de inmunidad. Esto quiere decir que no enfrentará ningún cargo por sus extralimitaciones o acciones xenofóbicas”, ejemplarizó el analista político.

3.- Separación de familias

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En los condados donde se ha ejecutado el programa 287g, la autoridad ha implementado el uso excesivo de retenes y ha ordenado redadas masivas.

La comunidad hispana en Carolina del Norte acumula centenares de tristes historias sobre el sufrimiento de esposas con maridos que no vuelven a casa, o menores de edad que nunca más volvieron a ver a su madre detenida. Y la mayoría de estas historias tienen un común denominador: Son protagonizadas por personas que se pasaron un STOP o el semáforo en el momento equivocado. Fueron detenidas por sus rasgos hispanos y por no poder demostrar sus estatus migratorios al momento de ser detenidos. Fueron entregadas a ICE y posteriormente deportadas.

4.- Desconfianza en la policía

Se estima que los casos de violencia doméstica y feminicidios aumentarán significativamente tras la ejecución de este proyecto, si se convierte en ley, debido a que las personas perderán confianza en las agencias policiales y no acudirán a ellas cuando se encuentren en peligro por miedo a ser entregadas a ICE y deportadas.

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El Centro Hispano NC y El Colectivo NC instan al gobernador a vetar HB10, haciendo un llamado por la justicia y los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte.

Ofrecieron una conferencia de prensa el mismo lunes, 9 de septiembre, a las 11:00 a.m., en la Asamblea General de Carolina del Norte, ubicada en el 16 W. Jones St, de Raleigh.

Líderes comunitarios expusieron las razones por las cuales creen que este proyecto de ley presenta graves amenazas legales y constitucionales, poniendo en peligro la seguridad y los derechos de las comunidades.

“Hacemos un llamado a los legisladores de Carolina del Norte y al gobernador Cooper para que veten esta legislación perjudicial e instamos a que se pongan del lado correcto de la historia rechazando el HB10, con cuya ejecución surgirán profundas preocupaciones legales y éticas”, señaló la presidenta de El Centro Hispano, Pilar Rocha.

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“Uno de los aspectos más alarmantes es la posible violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza procedimientos judiciales justos”, agregó. 

En el comunicado conjunto compartido con La Conexión USA, El Centro Hispano en el Colectivo NC recordaron que, según un análisis de la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) y el Centro de Justicia, el HB10 no aborda las garantías constitucionales relacionadas con las detenciones del ICE, exponiendo a los alguaciles y a los condados a riesgos legales.

Aunque el proyecto incluye una disposición que exime a los alguaciles de responsabilidad, si las detenciones se llevan a cabo bajo una orden judicial estatal, no los protege de demandas por posibles violaciones de la Constitución de los Estados Unidos.

«Este proyecto de ley no sólo arrebata los derechos de los inmigrantes, sino que también destruye la confianza entre las fuerzas del orden y nuestras comunidades. Debemos unirnos para asegurar que Carolina del Norte priorice la justicia y la igualdad para todos», dijo Rocha.

Instó a los legisladores a priorizar las protecciones laborales y el acceso a permisos de trabajo, en lugar de aprobar leyes innecesarias y restrictivas como el HB10.

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Por su parte, Antelmo Salazar, presidente de El Colectivo NC, afirmó que «la HB10 desgarraría el tejido de nuestras comunidades, alimentando el miedo y la desconfianza entre las poblaciones inmigrantes. Instamos a los legisladores a rechazar esta legislación dañina y, en su lugar, enfocarse en políticas que promuevan la inclusión y el respeto por los derechos humanos».

“Es esencial que nuestros funcionarios electos defiendan la justicia, la equidad y los derechos constitucionales para todos, sin importar su estatus migratorio”, agregó.

Legislación vergonzosa

Carolina Migrant Network se suma a la condena de la votación del Senado sobre la HB10.

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“Esta semana, los senadores y representantes estatales regresaron con una nueva versión de la HB 10, una versión que incluye gastar millones de dólares en la promoción de escuelas privadas y agotar recursos para la aplicación de la ley de inmigración, en lugar de satisfacer las verdaderas necesidades de educación y seguridad de los habitantes de Carolina del Norte”, dijo Stefanía Arteaga, directora del CMN.

A su juicio, esta nueva versión del proyecto de ley se redactó a puerta cerrada, sin participación pública, a través de un comité de conferencia después de que la Cámara de Representantes de  Carolina del Norte no lograra una votación sobre el proyecto de ley el 15 de mayo.

Fustigó que la última táctica de la NCGA haya derribado la educación pública y las protecciones migratorias para los habitantes de Carolina del Norte. 

“Esta nueva versión del proyecto de ley busca destinar dólares públicos de nuestros sistemas de escuelas públicas a las arcas de las escuelas privadas, además de marginar aún más a los inmigrantes y a las comunidades de inmigrantes al obligar a los sheriffs a cumplir las órdenes sucias de ICE”.

«La HB 10 es una legislación vergonzosa que apunta a marginar aún más a los inmigrantes y a las comunidades de inmigrantes. La HB 10 pretende obligar a los sheriffs a cooperar con ICE. Además, están tomando dinero de las escuelas públicas locales y dándolo a escuelas privadas que no rinden cuentas y a las familias más ricas de Carolina del Norte. Esta nueva versión del proyecto de ley es peligrosamente irresponsable para la salud financiera de nuestro gobierno estatal y amenaza el futuro de los presupuestos escolares locales y la seguridad y el bienestar de las comunidades de inmigrantes”.

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