Bukele defendió su gobierno: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió que se mantenga en el país el régimen de excepción con motivo de la violencia de las pandillas establecido en marzo de 2022, y que ha permitido más de 86.000 detenciones, restándoles importancia a las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles o recibir reportes de cuántos muertos llevamos al día”, declaró anteayer en un discurso a la nación pronunciado en el Teatro Nacional, desde donde aseguró que aunque “griten” que liberen a los detenidos no los va a “liberar ya ni nunca”.

En esa misma línea, lamentó que algunos críticos hayan considerado que su gobierno ha dado seguridad a costa de la democracia: “¿Qué es lo que quieren? ¿Que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga: ‘Qué bien, miren Bukele, ya quitó el régimen?’. ¿Quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador aunque eso signifique que nuestro país sea invivible?”.

Organizaciones civiles han acusado a Bukele de violaciones de derechos humanos desde el Estado, detenciones arbitrarias y persecución de activistas.

Los términos “democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho, suenan bien” y “son grandes ideales en realidad, pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos”, manifestó Bukele.

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Durante su intervención, además de justificar el régimen de excepción, apoyó la ley de agentes extranjeros que incluye un impuesto del 30% a las ONG que reciban donaciones desde el extranjero –una normativa que sus críticos afirman que es una “herramienta de control y censura”–, y atacó tanto a las organizaciones de derechos humanos como a los medios de comunicación.

“Tristemente somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente son para ayudarnos a nuestros derechos humanos y algunos políticos de la región lamentablemente se prestan a este juego”, añadió el mandatario.

Bukele, que se encuentra en su sexto año de mandato en contra de lo estipulado en la Constitución, dijo que “los medios tradicionales despliegan activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras”, criticando que “a eso le llamen libertad de prensa”.

“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes, ¿con qué derecho se sienten?”, cuestionó.

Después de que el país registrara 87 homicidios en tan solo un fin de semana de 2022, Bukele anunció un régimen de excepción que suspende los derechos a la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, lo que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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Popularidad

Aunque la popularidad de Bukele ya era dominante por el desgaste de sus oponentes, esta se consolidó con la introducción del régimen de excepción, una bandera de su estrategia de seguridad y disminución de la violencia.

Nueve de cada 10 salvadoreños aprueban el régimen de excepción. Según una encuesta realizada por el medio salvadoreño La Prensa Gráfica, el 90,8% de la población califica positivamente su gestión en el área de seguridad, mientras que la popularidad del presidente se ubica en un 85,2%, una caída de 7,3 puntos con respecto al cierre de su primer mandato, aunque sigue siendo alta.

En sus tres años de implementación han sido detenidos más de 86.400 supuestos miembros de pandillas y personas supuestamente ligadas a estos grupos criminales.

Sin embargo, en ese período las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles, que van desde golpes, maltrato y crueldad hasta abuso sexual.

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Socorro Jurídico Humanitario documentó la muerte de 416 personas en custodia de las autoridades, entre ellas 25 mujeres y cuatro bebés que se enfermaron en los penales. El organismo añadió que el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.

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