Crimen y Justicia
CIDH anuncia visita a Ecuador para conocer situación de Glas, exvicepresidente de Correa
Quito, 18 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una visita a Ecuador para conocer la situación de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa condenado por corrupción que permanece en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.
Glas está recluido tras su detención dentro de la Embajada de México en Quito, durante un asalto policial a la sede diplomática el pasado 5 de abril después de que el Gobierno mexicano le concediese asilo diplomático.
La CIDH tiene previsto realizar esta visita el próximo lunes 28 de octubre, con actividades en Quito y Guayaquil, según el documento compartido a periodistas por el equipo legal de Glas, que semanas atrás había solicitado al organismo interamericano que se desplazase a Ecuador y que ampliase las medidas cautelares que ya le había concedido en 2019.
La visita había sido inicialmente planteada para finales de septiembre pero se aplazó para darse al mes siguiente, según lo informado por el Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas.
Este Comité difundió recientemente una carta con las firmas de más de cien representantes e integrantes de la izquierda hispanoamericana en el que se exhortaba a la CIDH a ampliar las medidas cautelares a favor de Glas, de manera que conmine al Estado ecuatoriano a excarcelarlo y reconoce la condición de asilado diplomático que le dio el Gobierno mexicano.
Entre los firmantes del pronunciamiento también estaban los expresidentes de Bolivia Evo Morales (2006-2019); de Colombia Ernesto Samper (1994-1998); y de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), además del excanciller venezolano Jorge Arreaza.
También suscribieron la misiva la secretaria general del partido de izquierda español Podemos Ione Belarra y la eurodiputada por esa misma formación política Irene Montero, así como el exjuez español Baltasar Garzón.
El Comité adujo que Glas «padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia y gastritis crónicas, además de graves trastornos mentales», al punto que a los pocos días de ser encarcelado intentó aparentemente suicidarse con una sobredosis de medicamentos, y luego inició una huelga de hambre.
Asimismo, este colectivo aseguró que «las violaciones continuas a los derechos humanos han provocado un cuadro depresivo profundo en Jorge Glas», con diagnósticos que reflejan «un estado mental extremadamente frágil, con alto riesgo de intentos de suicidio».
«La tortura y los tratos crueles a los que Jorge Glas ha sido sistemáticamente sometido también son evidentes en las declaraciones públicas recurrentes del presidente Daniel Noboa, quien utiliza a Glas como un trofeo político, ridiculizando su situación y aumentando el sufrimiento psicológico al que está expuesto», aseveró el Comité.
Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declarase un perseguido político.
En el momento de su detención en la Embajada de México en Quito, Glas tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años de prisión cuando salió en libertad a finales de 2022 por orden de un juez que recientemente fue condenado a dos años de cárcel por prevaricación a causa de esa decisión.
La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, un caso donde se encuentra en calidad de imputado.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
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