Comité ecuatoriano denuncia que «no hay voluntad política» para esclarecer desapariciones

Guayaquil (Ecuador), 23 ene (EFE).- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador denunció este viernes que en el Gobierno «no hay voluntad política» para esclarecer las desapariciones forzadas que se reportaron en 2024, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado.

Los representantes del Comité acudieron a una reunión convocada por el Ejecutivo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en diciembre pasado medidas cautelares a 26 personas desaparecidas, tras ser detenidas presuntamente por las Fuerzas Armadas y ordenó al Estado «redoblar esfuerzos» para encontrarlas.

La CIDH también solicitó a Ecuador que entregue inmediatamente «toda la información disponible que permita conocer» el paradero de los desaparecidos, como las órdenes tácticas y datos del personal militar movilizado en los días en los que se ejecutaron las detenciones denunciadas.

Sin embargo, a la cita no acudió el Ministerio de Defensa ni delegados de las Fuerzas Armadas, por lo que la organización que defiende legalmente a las familias de las personas desaparecidas aseguró que es una señal de que las entidades «no quieren entregar la información».

«Lamentamos mucho que no haya voluntad política para cumplir esa medida cautelar, que es básica para la investigación, para el acceso a la verdad y la justicia de las familias», señaló Fernando Bastias, abogado del CDH.

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Diana Roca, tía de Dave Loor, quien desapareció en agosto de 2024 tras ser detenido presuntamente por militares en un operativo realizado en el municipio de Ventanas, de la provincia de Los Ríos, también lamentó que «el Gobierno no quiera responder» por sus parientes.

«Por casi dos años hemos buscado a nuestros familiares en morgues, albergues y hemos pegado afiches en diferentes ciudades, por lo que sí es importante que las Fuerzas Armadas dé los nombres de los militares que participaron en estos operativos», indicó.

Roca dijo que el Gobierno se comprometió a brindarles atención psicológica y a reforzar las unidades policiales que llevan sus casos, pero ella cree que sin los datos de los operativos las investigaciones seguirán estancadas. «Sin esa información, que es vital, ¿cómo se puede investigar dónde están?», reiteró.

Bastias señaló que informarán a la CIDH sobre la negativa del Gobierno de cumplir con las medidas ordenadas y que solicitarán que se tomen acciones de manera prioritaria.

«Mientras más tiempo pasa, estas familias corren mayor peligro», indicó al tiempo que denunció que, precisamente en la víspera de la reunión, varios militares ingresaron a la casa de una familia beneficiaria de las medidas de la CIDH y «torturó» a una persona.

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«No es la primera vez que ocurre y es por eso que se necesitan los nombres del personal militar para evitar que estos casos queden en la impunidad y que haya más amedrentamientos», apostilló.

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