Condenan la expulsión de Nicaragua del presidente de la Conferencia Episcopal

San José, 14 nov (EFE).- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó este jueves el destierro del obispo de la diócesis nicaragüense de Jinotega (norte) y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, «un acto de represión que no solo afecta a un líder religioso, sino que simboliza la creciente e imparable persecución y represión que enfrenta la Iglesia Católica en nuestro país».

La expulsión del obispo Herrera se suma a las de los obispos Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe), «quienes también fueron desterrados y desnacionalizados este año», indicó en una declaración esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.

Además, recordó el Colectivo, en 2019 el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, «debió exiliarse tras recibir amenazas de muerte».

ONG: «Es un acto criminal»

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«El destierro del obispo Herrera es un acto criminal contra la libertad religiosa que cada nicaragüense tiene el derecho inalienable de disfrutar. Al perseguir a líderes de la Iglesia, se busca desmantelar un pilar fundamental de la sociedad y socavar la capacidad de la comunidad para expresarse libremente», denunció la ONG.

La organización sostuvo que el destierro o traslado forzoso, debido a la sistematicidad con que se ha cometido en Nicaragua, debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad, y es «un acto que debe ser denunciado y condenado por la comunidad internacional».

«Exigimos el respeto pleno a la libertad religiosa y hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, a la comunidad internacional y a todos los nicaragüenses para que nos solidaricemos con la Iglesia, el pueblo católico de Nicaragua y todas las víctimas del destierro, despojo de nacionalidad y tantos crímenes hasta ahora en la impunidad», añadió.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de 75 años, fue expulsado de su país y enviado a Guatemala tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno, según el sacerdote nicaragüense exiliado Erick Díaz y la investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.

Según los denunciantes, las autoridades obligaron al obispo Herrerra ir al aeropuerto internacional de Managua, y de allí «lo desterraron a Guatemala ayer, 13 de noviembre», donde fue recibido en la Casa Provincial de los Frailes Franciscanos, la orden religiosa a la cual pertenece.

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«La expulsión del obispo Herrera ocurrió días después que este calificara como sacrílego que la dictadura, a través del alcalde Leónidas Centeno, colocara parlantes con música a alto volumen frente a la catedral San Juan Bautista durante la eucaristía del 10 de noviembre», anotó el Colectivo.

«Usualmente los represores de la dictadura ponen música a alto volumen cerca de las iglesias para boicotear las misas. Luego la dictadura cerró la página de Facebook de la Diócesis de Jinotega», afirmó.

Nicaragua ha expulsado a más de 200 religiosos

Esa ONG señaló que desde 2018 han sido testigos «de una injusticia sistemática de la dictadura de Nicaragua representada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha llevado al destierro y exilio de más de 200 personas religiosas, entre ellas, 35 sacerdotes que han sido desnacionalizados, y a la cancelación de más de 1.262 organizaciones religiosas».

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«Este rumbo hacia la intolerancia se ha manifestado también con 65 religiosos acusados judicialmente por cargos infundados, todo con el objetivo de silenciar voces que abogan por la paz, la justicia, la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua», remarcó.

Además, recordó, que entre 2018 y 2024 «se han perpetrado más de 870 ataques contra la Iglesia católica entre ellos incendios como el que grupos progubernamentales hicieron contra la imagen de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua en julio de 2020».

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

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