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Congreso de México aprueba la extinción de siete órganos autónomos

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Fotografía cedida por la Cámara de Diputados, de una sesión ordinaria este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ Cámara de Diputados /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 20 nov (EFE).- El Congreso de México avaló este miércoles la desaparición de siete órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), pese a las advertencias de los propios organismos y organizaciones civiles sobre la importancia de la rendición de cuentas y regulación del Gobierno.

La iniciativa, presentada en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030), fue aprobada con la mayoría oficialista en el Legislativo.

Con 347 votos a favor y 128 en contra, los diputados convalidaron la reforma en lo general tras un intenso debate que comenzó la tarde del miércoles, y que continuará este jueves con la discusión de la iniciativa, ahora en lo particular.

Además del INAI, desaparecerán la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La iniciativa argumenta como objetivo reincorporar a la administración pública federal las funciones que realizan los órganos autónomos para hacer más eficiente el servicio público y evitar la duplicidad de funciones entre organismos y dependencias.

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La diputada Olga Sánchez Cordero, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que la reforma permitirá simplificar trámites, «perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones».

Asimismo, la diputada Katia Alejandra Castillo, de Morena, señaló que el objetivo no es concentrar el poder en una persona, sino «reestructurar y simplificar el Gobierno, racionalizar el uso de los recursos y optimizar la administración pública”.

Por otro lado, la diputada Noemí Berenice Luna, del opositor Partido Acción Nacional (PAN) apuntó que el gasto de los organismos autónomos no representa ni el 1 % de los gastos que se ejerce en el presupuesto federal.

Por ejemplo, Luna señalo que instancias como el INAI le cuesta 6 pesos anuales a los mexicanos, pero la misma fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía, y advirtió de que la simplificación a la Administración Pública robustece y centraliza el poder del oficialismo.

“Al eliminar el ente que regula la competencia se tiene el riesgo de volver a los monopolios y eliminar que la sociedad participe”, alertó la legisladora.

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Mientras que la diputada Irais Virginia Reyes, del Movimiento Ciudadano (MC), consideró que el dictamen representa una involución y regresión al autoritarismo del poder hegemónico.

«Los organismos autónomos son contrapeso del Gobierno y, por ello, ejecutan tareas especializadas para que los derechos y garantías sean protegidos», señaló.

Previo a la discusión, el INAI alertó en un posicionamiento sobre los riesgos que implica su desaparición, entre los que destacó las afectaciones a millones de personas que «ejercen su derecho a saber, a proteger su privacidad y a exigir cuentas a quienes toman decisiones en su nombre».

«Se afirma que con este dictamen de simplificación orgánica no se afecta ni se desaparece a la transparencia ni a la protección de datos personales, ya que las funciones serán transferidas a otros sujetos obligados, como es el caso de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno», indicó el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez.

Sin embargo, Alcalá puntualizó que su realización «no está garantizado hasta en tanto no se diseñe la legislación secundaria».

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La desaparición de los organismos autónomos forma parte del paquete de 20 reformas enviadas a inicios de año por López Obrador, junto con la polémica reforma judicial y la militarización de la Guardia Nacional.

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