Conoce lo que eliminaron de la HB10

Raleigh, N.C., 18 de septiembre de 2024- El proyecto de ley pensado para obligar a los alguaciles y administradores de cárceles a colaborar con ICE fue presentado tres veces, bajo nombres distintos.

La HB 370 (aprobada durante la sesión 2019-2020) y la SB 101 (aprobada durante la sesión  2021-2022), las cuales fueron vetadas por el gobernador Roy Cooper.

Durante aquellas oportunidades, no existía la supermayoría republicana que hay ahora, y el veto del gobernador fue definitivo para detener el curso de estos proyectos.

Las circunstancias actuales son diferentes, debido a que los promotores de este nuevo proyecto de ley -HB 10- forman parte de la mayoría republicana instalada en ambas cámaras, tras las últimas elecciones.

Y, a pesar de que son mayoría y de que pertenecen al mismo partido, los debates en torno al contenido de esta propuesta han sido continuos y largos. Por varios meses, no lograron ponerse de acuerdo.

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El director de Política de la organización proinmigrante El Pueblo, Mario Alfaro, explicó los motivos de tales discrepancias.

El proceso de aprobación ha sido largo porque no hubo acuerdos entre los republicanos de ambas cámaras respecto a unas enmiendas que introdujo el Senado sobre la versión aprobada en la Cámara de Representantes.

En mayo pasado, la Cámara acordó no respaldar la versión del Senado y esto estancó el proceso de la HB10.

A inicios de septiembre, el presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, anunció que los líderes republicanos de ambas cámaras habían llegado a un acuerdo con respecto a algunos temas presupuestarios, entre ellos los vouchers de educación, y utilizaron el reporte del Comité de Conferencias del expediente HB10 para insertar en el debate estos temas presupuestos.

“El lunes 9 de septiembre, el Senado aprobó el reporte del Comité de Conferencias de la HB10, donde se insertaron, además, estas partidas presupuestarias. Este reporte incluye el texto sustitutivo o texto de consenso del expediente de la HB10.

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Un veto debilitado

Activistas de todo el estado le han pedido el veto, pero al respecto Mario Alfaro no se permite crear falsas expectativas.

“Analizando el panorama político actual, el veto del gobernador Roy Cooper no pasa de ser un acto simbólico, de apoyo. Recordemos que los republicanos controlan ambas cámaras, tienen la supermayoría, es decir, al menos ⅗ partes de los votos en cada una de las cámaras, que representa el número mágico para levantar o anular este veto. Y sabemos que todos los vetos que se han firmado durante la sesión 2023-2024 han venido siendo levantados por la Asamblea General”, dijo, sin dejar de agradecer el gesto del gobernador de respaldar a la comunidad inmigrante firmando un veto, la única acción que tiene en sus manos.

Las enmiendas

Las enmiendas aprobadas están orientadas a obligar a los alguaciles a cumplir la ley, especialmente a quienes se opusieron a ella, y son las siguientes: 

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1.- Rendición de cuentas

Se creó una especie de mecanismo de control cruzado sobre los alguaciles, a través del cual los legisladores republicanos se quieren asegurar de que todos cumplan la ley, y que la misma no admita desobediencias, como las registradas en años anteriores en los condados de Mecklenburg, Durham y Wake. Es decir, se quieren asegurar de obligar a todos los alguaciles a colaborar con ICE. Alguaciles y administradores de cárceles deberán rendir un informe anual a la Asamblea General que explique cuántas veces aplicaron la ley, cuántos contactos tuvieron con ICE, cuántos casos terminaron en deportaciones.

2.- Manual de aplicación

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Los alguaciles tendrán que crear una especie de manual que establezca sus procedimientos de aplicación de esta ley.

3.- Poder ciudadano

Se crearía un mecanismo de queja para que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia formal ante la Oficina General de Carolina del Norte contra el alguacil de su condado, en caso de que ese ciudadano perciba que el alguacil no está cumpliendo la  ley.

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“Estos cambios generaron mucho ruido en la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, quienes se dedicaron a tener múltiples conversaciones con los líderes legislativos y a emprender constantes labores de defensa. Bajo tanta presión y fricciones, el documento de consenso eliminó todos estos mecanismos de control sobre los alguaciles”, indicó Alfaro.

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