Corte aplaza audiencia preliminar por la masacre de padres jesuitas de 1989 en El Salvador

San Salvador, 11 nov (EFE).- Una corte de El Salvador aplazó este lunes la audiencia preliminar del proceso penal contra 11 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani, por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989 en el contexto de la guerra civil.

Gabriel Solorzano, uno de los abogados defensores, dijo a periodistas que el aplazamiento para el próximo miércoles 13 de noviembre se dio por la falta de un enlace de comunicación con España, donde se encuentra uno de los acusados, y para que se presenten algunos de los imputados ausentes.

«Tenemos imputados notificados, pero que no han nombrado defensor», dijo y añadió que «son cuestiones (de defensa) técnicas que hicieron que la audiencia preliminar no se realizara este día», indicó.

Solorzano señaló que el juez de la causa podría tomar la decisión de emitir una orden de detención judicial, en el caso de que no se presenten todos los imputados.

Según publicó la Fiscalía General en X, se cuenta «con abundantes evidencias para que los procesados sean enviados a la etapa de juicio» por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

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Los imputados en este proceso son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el exdiputado y ex asesor jurídico del Ministerio de Defensa Rodolfo Parker.

Además de los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.

No obstante, diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de Corte Suprema cerró el caso.

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Fue en febrero de 2022 que la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento penal contra los señalados.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.

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