Crece el rechazo a la SB 153

Raleigh, N.C., 6 de julio de 2026- Una semana después de que la SB 153 se convirtiera en ley en Carolina del Norte, persisten las dudas sobre su implementación y sigue creciendo el rechazo de organizaciones civiles y legisladores demócratas frente a lo que consideran una medida que profundiza el miedo entre las comunidades inmigrantes del estado.

La ACLU de Carolina del Norte calificó la ley de un ataque directo a las comunidades inmigrantes del estado, y advirtió que profundiza barreras ya existentes al acceso a beneficios públicos. La organización también señaló que, mientras crecen los reclamos bipartidistas de mayor transparencia sobre el actuar de ICE, los legisladores estatales optaron por ampliar su margen de acción en lugar de exigir cuentas.

Durante el debate legislativo previo a la aprobación final, la senadora demócrata Sophia Chitlik, de Durham, acusó a sus colegas republicanos de politizar el tema migratorio en lugar de atender prioridades urgentes como el presupuesto estatal o los salarios del magisterio. Por su parte, el senador Buck Newton, uno de los patrocinadores de la iniciativa, defendió la medida asegurando que busca dar tranquilidad a los habitantes del estado frente a los llamados gobiernos santuario.

El gobernador Josh Stein, quien había vetado el proyecto originalmente, argumentó en su momento que la ley haría que el estado fuera menos seguro, pues obligaría a las fuerzas del orden estatales a desviarse de sus funciones habituales para actuar como agentes migratorios federales. Ese argumento vuelve a cobrar fuerza ahora que las cuatro agencias señaladas por la ley, Seguridad Pública, la Patrulla de Carreteras, Correccionales y el Buró de Investigaciones, deben definir los plazos para firmar sus respectivos acuerdos 287(g) con ICE.

En Charlotte, donde agentes federales realizaron un operativo prolongado el pasado noviembre, legisladores locales han manifestado temor de que la nueva ley erosione la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía estatal, complicando la disposición de víctimas y testigos a colaborar con las autoridades en la investigación de delitos.

Anuncio

Uno de los frentes donde persiste mayor incertidumbre es el sistema universitario UNC. Analistas de la ACLU han señalado que, aunque la ley no puede anular las protecciones federales de privacidad estudiantil (FERPA), sí podría abrir una zona gris en la que las universidades se vean presionadas a compartir cierta información migratoria de sus estudiantes sin una orden judicial de por medio.

En el área del Triángulo, organizaciones comunitarias ya se movilizan en respuesta a la nueva ley. Grupos de base como Siembra NC han convocado a la comunidad a una capacitación este 13 de julio enfocada en proteger a conductores inmigrantes ante posibles controles derivados de la mayor cooperación entre agencias estatales e ICE. Además, se ha organizado una vigilia frente a la Asamblea General en Raleigh para el 22 de julio, en la que distintos grupos comunitarios buscan visibilizar su rechazo a la ley y alertar sobre los planes para instalar un centro de detención migratoria planeado en Winton, al noreste del estado.

Por ahora, ni el Departamento de Seguridad Pública ni las demás agencias estatales han publicado un cronograma detallado sobre la firma de los acuerdos con ICE, lo que mantiene en incertidumbre a las familias inmigrantes del estado sobre el alcance real que tendrá la ley en su vida cotidiana en las próximas semanas. Organizaciones locales insisten en que, mientras se aclara ese panorama, es momento de que la comunidad se informe sobre sus derechos y participe en los espacios de organización que se están abriendo en el Triángulo.

Share on Facebook

Tweet