Defensa de Kilmar Ábrego busca desestimar cargos criminales alegando acusación vengativa

Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de tráfico de personas, solicitaron este jueves a un juez que desestime el caso, bajo el argumento de que la Fiscalía actuó en represalia, después que el Ejecutivo se vio obligado a regresar al inmigrante a EE.UU., tras deportarlo por error, según informaron medios.

En la audiencia en un tribunal federal en Nashville (Tennessee), donde el salvadoreño enfrenta un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU., la Fiscalía tuvo que defender la acusación sustentada en una parada de tráfico ocurrida en 2022.

El juez federal Waverly Crenshaw, encargado del caso, no ha dado vía libre al juicio contra el inmigrante tras considerar que hay “una probabilidad realista” de que Ábrego García sea víctima de un proceso vengativo por parte del Departamento de Justicia de EE.UU..

El caso ha tambaleado tras conocerse que el fiscal general adjunto de EE.UU. Todd Blanche —el segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia— dijo en una entrevista con Fox News que la investigación criminal inició después de que un tribunal federal de Maryland determinara que EE.UU. “no tenía derecho a deportar” a Abrego García.

Rob McGuire, fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, que presentó la acusación inicial, aseguró ante la corte este jueves que tomó la decisión de acusar a Abrego García basándose en la evidencia y no fue presionado por sus superiores.

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“Estaba preparado para lo que fuera a pasar, porque tenía plena confianza en que el acusado había cometido un delito, que podía probarlo, y era así de simple”, dijo McGuire, según información citada por FOX.

No obstante, la defensa insistió en la idea de que la fiscalía actuó de forma vengativa y cuestionó a McGuire sobre el plazo “inusual” en que se presentaron los cargos, dos años después de la parada de tráfico.

Las autoridades migratorias decidieron enviar a Ábrego a El Salvador el pasado marzo a pesar de que tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación a su país.

Su caso se convirtió en un ejemplo de los “abusos” por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su plan de deportaciones masivas, según defensores de los inmigrantes.

En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado –hasta ese entonces- de delitos en Estados Unidos.

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El juez Crenshaw programó una nueva audiencia en marzo para continuar evaluando la posibilidad de enjuiciamiento vengativo.

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