Demanda de jubilados podría costar más de $3,000 millones

Raleigh, NC., 20 de enero de 2026- Una demanda presentada por jubilados del gobierno estatal de Carolina del Norte podría representar un impacto financiero superior a los $3,000 millones para el Plan de Salud Estatal (State Health Plan), según documentos judiciales entregados esta semana ante la Corte Suprema del estado.

De acuerdo con un nuevo escrito legal, los abogados del Plan de Salud advirtieron que los retiros reclaman $3.05 mil millones en daños, alegando que el estado violó contratos previamente establecidos al comenzar a cobrar primas por el seguro médico a jubilados a partir de 2011. La cifra, señalan los demandados, equivale prácticamente a todo el presupuesto anual del Plan de Salud Estatal.

La demanda, que se extiende desde hace 14 años, involucra a cerca de 220,000 jubilados y tiene su origen en la decisión del estado de modificar las condiciones de un beneficio que, durante décadas, ofrecía cobertura médica sin costo a empleados públicos retirados que cumplieran con los requisitos de antigüedad laboral.

Carolina del Norte estableció en 1982 un plan de salud gratuito para empleados públicos y jubilados. En 1985, una ley fijó un período de cinco años de servicio para que los trabajadores adquirieran el derecho al beneficio. En 2006, ese período se amplió a 20 años para nuevas contrataciones.

Sin embargo, en 2011, el estado comenzó a cobrar primas por el nuevo plan de salud que reemplazó al esquema original. En respuesta, jubilados que ya habían adquirido derechos bajo las reglas anteriores presentaron una demanda en abril de 2012, argumentando que el cambio representó una reducción ilegal de beneficios adquiridos.

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Hay discrepancias y el caso no termina.

Ha tenido un recorrido judicial complejo. En 2017, un tribunal de primera instancia falló a favor de los jubilados, pero en 2019 la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte revocó esa decisión, concluyendo que no existía un contrato válido.

La Corte Suprema estatal decidió revisar el caso en 2020 y, en marzo de 2022, emitió un fallo clave a favor de los jubilados, con una decisión dividida 4-2, siguiendo líneas partidistas. En esa sentencia, la corte reconoció que los jubilados tenían un derecho constitucional protegido a mantener un plan de salud sin primas o su equivalente sustancial.

No obstante, la misma Corte dejó claro que los jubilados solo podían reclamar “el beneficio del acuerdo original y nada más”, y ordenó que un tribunal inferior determinara si el cambio impuesto por el estado constituyó una “afectación sustancial” del contrato y si dicha afectación estaba justificada por un propósito público importante.

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El nuevo intento del estado

Ahora, el estado y el Plan de Salud solicitan a la Corte Suprema que reconsidere el caso, ponga fin a su estatus como demanda colectiva y revierta decisiones que permitirían un juicio extenso basado en el testimonio de un solo perito actuarial, Ed Pudlowski, cuyas conclusiones sustentan el cálculo de los $3,000 millones reclamados.

Los abogados del estado argumentan que el peritaje parte de una suposición “irrazonable”: que cada jubilado tiene derecho a conservar exactamente el mismo plan, con los mismos deducibles y límites, de manera indefinida. Según el estado, esta premisa contradice lo ya establecido por la propia Corte Suprema en 2022.

Además, sostienen que el caso no puede seguir como acción colectiva, ya que los beneficios y posibles afectaciones varían según el año de jubilación y las condiciones individuales, lo que elimina la “comunalidad” necesaria para este tipo de litigio.

La postura de los jubilados

Por su parte, los abogados de los jubilados han solicitado que la Corte Suprema desestime la apelación más reciente, alegando que el estado ha recurrido a maniobras legales para retrasar el juicio, el cual estaba programado para marzo del año pasado y fue cancelado por órdenes judiciales.

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En documentos presentados en diciembre, los demandantes señalaron que muchos miembros de la clase demandante han fallecido o están envejeciendo rápidamente, y que la demora priva a numerosos jubilados de ver cumplido el beneficio que, aseguran, el propio estado les prometió.

De prosperar la demanda, el fallo podría tener consecuencias profundas para las finanzas públicas de Carolina del Norte y para el futuro de los beneficios de jubilación en el estado. Para las autoridades, el monto reclamado representa un riesgo extraordinario; para los jubilados, se trata de una batalla por derechos adquiridos tras décadas de servicio público.

La decisión final de la Corte Suprema será determinante no solo para este caso histórico, sino también para definir hasta dónde llegan las obligaciones del estado frente a sus trabajadores retirados.

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