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Demandan a Meta, propietaria de Facebook, en Japón por permitir anuncios con estafas

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Fotografía de archivo que muestra a una persona utilizando un teléfono móvil con las aplicaciones de Facebook e Instagram. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Tokio, 29 oct (EFE).- Meta, propietaria de Facebook e Instagram, recibió nuevas demandas en Japón este martes por permitir anuncios falsos en sus plataformas, donde se pedía a los usuarios que invirtieran, en estafas que estaban supuestamente promocionadas por celebridades.

Treinta demandantes japoneses solicitan un total de 435 millones de yenes (unos 2,62 millones de euros) en concepto de daños y prejuicios al gigante tecnológico estadounidense, una reclamación donde se alega que esta empresa y su filial japonesa no hicieron lo suficiente para evitar las estafas, según sus abogados.

Estas personas, residentes en Tokio, Osaka y otras prefecturas del país, vieron anuncios falsos de inversión en Facebook e Instagram, haciéndose pasar por el fundador de la empresa minorista de moda en línea Zozo Inc., Yusaku Maezawa, o el empresario japonés Takafumi Horie.

Los demandantes veían esta publicidad y luego eran dirigidos al servicio de mensajería japonés Line, donde se les indicaba que transfirieran dinero a las cuentas de inversión designadas.

«El número de víctimas de fraude de inversión en redes sociales está aumentando y se ha convertido en un nuevo delito. Creemos que los daños podrían haberse evitado si Meta hubiera examinado adecuadamente el contenido de los anuncios» declaró Yasumichi Kokufu, jefe del equipo jurídico del grupo de demandantes, a la cadena pública estatal NHK.

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El gigante tecnológico también fue demandado en el Tribunal de Distrito de Kobe, al oeste del archipiélago, el pasado abril por cuatro hombres y una mujer en un caso similar, además de otras demandas en distintos tribunales del país a principios de año.

Desde Meta se ha solicitado la desestimación de la demanda en el mismo proceso, alegando que «en virtud de la legislación japonesa, no existe la obligación de investigar y confirmar la veracidad del contenido de los anuncios de inversión».

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