Ecuador deja en 2024 deuda de cerrar bloque petrolero en reserva amazónica, dice Pachamama

Quito, 10 dic (EFE).- El cierre del Bloque 43-ITT, uno de los principales de Ecuador, situado en el Parque Nacional Yasuní, es una de las deudas con las que termina 2024 el Estado ecuatoriano, respecto a los derechos de la naturaleza, según señaló este martes la Fundación Pachamama.

Al conmemorarse este 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fundación recordó que el año pasado, un 58,95 % de la población votó en una histórica consulta popular a favor de dejar bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, que abarca los campos Ishpingo, Tambocha y Tiputini, en explotación desde 2016.

En agosto pasado, cuando se cerró uno de los 247 pozos que tiene ese Bloque, el entonces ministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, dijo que el Gobierno contemplaba un plazo de cinco años y cinco meses para realizar el proceso de cierre de forma segura para las comunidades indígenas y el medio ambiente.

El Yasuní es una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta al albergar más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces. También en el Yasuní habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los tagaeri, taromenane y dugakaeri.

Precisamente se espera que en 2025 haya un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para proteger a los tagaeri y taromenane.

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Mario Melo, abogado de la Fundación Pachamama, recordó que en agosto de 2022 ya hubo una audiencia y «la Corte se ha tomado demasiado tiempo». «Pero conocemos que discutió en un período de sesiones la sentencia, que ya tienen una decisión y que están en el proceso de redacción» de la misma, apuntó el letrado.

Melo dijo a EFE que la falta de celeridad del cierre del Bloque abona a su preocupación «sobre la vigencia del estado de derechos y de justicia», pues ya se superó el año de plazo para el desmantelamiento que había dispuesto la Corte Constitucional «y no se ve un compromiso político del Estado de dar pleno cumplimiento a la decisión popular».

Otra de las preocupaciones de los ambientalistas y defensores de derechos humanos es el avance de la minería ilegal, especialmente en la región amazónica, así como la apertura de carreteras de penetración en bosques tropicales amazónicos, «sin que se hayan evidenciado» estudios técnicos, de planificación estratégica y medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales.

Hitos de 2024

Cristina Melo, coordinadora del programa de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Fundación Pachamama, señaló como hito de 2024 la notificación de la sentencia por parte de la Corte Constitucional con respecto al incumplimiento de la sentencia de la CorteIDH en el caso Sarayaku.

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En esta sentencia, emitida en 2012, se le dio al Estado ecuatoriano seis meses para que emita finalmente una ley de consulta y de consentimiento previo libre e informado, pero el «Estado no lo cumplió nuevamente», dijo.

Tampoco se retiró, en un máximo de un año, la pentolita que enterró en 2002 la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para verificar la existencia de petróleo en Sarayacu.

Cristina Melo destacó en declaraciones a EFE que este año las cortes internacionales dieron atención a la emergencia climática y su vínculo con los derechos humanos a nivel general.

Entre los pendientes de este año y que espera avances en 2025, Melo mencionó la transición ecológica, que «es algo que va a suceder, pues es un error pensar que, incluso la minería, puede reemplazar económicamente al petróleo».

Apuntó que esa transición ecológica debe ser justa y participativa, por lo que subrayó que el Estado deberá diseñar unas políticas para garantizar esos parámetros.

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