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Ecuador inicia tres días de apagones programados de hasta 14 horas diarias

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Fotografía del atardecer con el volcán Rucu Pichincha de fondo el 23 de septiembre de 2024, en Quito (Ecuador).EFE/ Fernando Gimeno

Guayaquil (Ecuador), 25 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este viernes la suspensión de la jornada laboral del próximo jueves 31 de octubre para el sector público, con la posibilidad de que el sector privado también pueda acogerse a esta medida, que se da en medio del incremento de los apagones programados en el país, que han pasado a ser de hasta catorce horas al día.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dictó esta medida a través de un decreto donde señaló que con ello busca apoyar al sector turístico del país, si bien fue anunciada después de que su administración anunciara que los cortes programados de electricidad pasarían de ocho a catorce horas al día desde este viernes al agravarse la crisis energética que atraviesa el país.

De esta forma, los ecuatorianos tendrán la próxima semana cinco días seguidos de asueto al juntarse con los festivos del Día de Difuntos el 1 de noviembre y el Día de la Independencia de Cuenca, el 4 de noviembre.

Actualmente Ecuador tiene un déficit de alrededor de 1.000 megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende de más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

La seguridad energética del país depende principalmente de las reservas del embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos, que sirven para alimentar un complejo de tres centrales hidroeléctricas en el río Paute (sur) con una potencia en conjunto de más de 1.700 megavatios.

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También está a expensas de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, con una potencia de hasta 1.500 megavatios, que depende enteramente del caudal del río Coca.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada.

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