El 1 de diciembre comienza el rigor de la HB10

Raleigh, N.C., 25 de noviembre de 2024- El panorama sociopolítico de Carolina del Norte acaba de dar un vuelco, tras la anulación del veto del gobernador Roy Cooper a la HB10, ocurrida el pasado 20 de noviembre, alrededor de las 3 p.m., decisión que confirió a este proyecto el carácter de ley.

El levantamiento del veto de la máxima autoridad del estado a una propuesta legislativa, trae como consecuencia que dicho proyecto se convierta en ley.

La HB10, titulada ““Requerir la cooperación del ICE y ajustes presupuestarios”, ya no es una posibilidad. Se convirtió en ley cuando este veto fue anulado con 30 votos a favor y 19 en contra en el Senado. Entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año.

Mientras muchos legisladores celebraban este resultado, entre ellos el patrocinador de esta ley, el republicano Destin Hall, activistas proinmigrantes, alguaciles y líderes comunitarios protestaban la decisión, movidos por la indignación y la tristeza.

El vicegobernador Mark Robinson presidió esta sesión del Senado y, tras escuchar las voces de protesta, ordenó desalojar el recinto legislativo.

Anuncio

En los pasillos, diferentes líderes comunitarios precisaban que la ejecución de esta ley limitará el poder del gobernador, vicegobernador y fiscal general, obligará a los alguaciles locales de NC a trabajar con la aplicación federal de inmigración y aduanas (ICE) y aprobará una inmensa financiación pública para las escuelas privadas.

Este veto y el consecuente nacimiento de esta nueva ley no tomó por sorpresa a la comunidad  inmigrante ni a sus defensores, debido a que sabían que el veto del gobernador se había debilitado, tras la consolidación de una supermayoría en ambas cámaras.

De hecho, se había organizado numerosas concentraciones, protestas, cabildeos, conferencias de prensa y visitas a comunidades para advertir el impacto de la ejecución de esta ley, unir esfuerzos y sensibilizar a quienes tienen el poder de virar el timón político acerca del miedo y a desconfianza que aseguran se apoderará de los grupos inmigrantes en el estado.

Sin embargo, confirmar que “vienen tiempos duros” les resultó abrumador.

Ese mismo miércoles 20 de noviembre, en la mañana, la directora ejecutiva de El Pueblo, Iliana Santillán, dijo durante una conferencia de prensa organizada por Every Child NC, que las comunidades del oeste de Carolina del Norte afectadas por el último desastre natural deberían ser ahora la mayor preocupación.

Anuncio

“Mientras Carolina del Norte lidia con las secuelas de un devastador desastre natural, estos legisladores optan por priorizar la política sobre las personas. No les importa el equilibrio, la democracia o la justicia. No se preocupan por el futuro de nuestras escuelas públicas, sólo se preocupan por canalizar el dinero público en vales de escuelas privadas. Y ciertamente no les importa proteger a todas las familias de Carolina del Norte”. 

“Hemos luchado contra esta legislación durante casi dos años y contra otras similares durante casi 5 años. Conocemos bien el impacto que HB10 puede tener en nuestras comunidades inmigrantes y latinas. Estaremos trabajando en las próximas semanas para informar y preparar a nuestra comunidad para enfrentar los desafíos que traerá esta nueva ley”, agregó. 

“Pero no solo estamos decepcionado por el resultado sobre la HB10, sino también por la descarada intención de despojar el poder del gobernador, vicegobernador y el fiscal general, usando un proyecto de ley para un paquete de ayuda para el oeste de Carolina del Norte afectadas por el huracán Helene”.

“La supermayoría moribunda de nuestra actual legislatura está usando su último aliento de poder antes de que una nueva y más equilibrada legislatura tome posesión el próximo año”, subrayó finalmente.  

Anuncio

Último intento acelerado

En la tarde, tras la anulación del veto, el director de Política de El Pueblo, Mario Alfaro, recordó que la ahora “ley antiinmigrante” había sido introducida tres veces con nomenclaturas y nombres distintos, demostrando la insistencia de sus patrocinadores en condicionar o “torpedear” la autonomía de alguaciles y demás autoridades de oficinas policiales y administradores de cárceles.

“Esta ley va a tener un gran impacto en las familias con miembros indocumentados porque esta legislación obliga a todos los alguaciles de Carolina del Norte a colaborar con agentes federales del Servicio de Control de Inmigración (ICE). Mantendrán en celdas, por más de 48 horas, a personas que serán detenidas -muchas veces por infracciones menores no tipificadas como delitos- que no pueden identificarse. Con esta dilación, estarán facilitando el procedimiento de entrega de esas personas detenidas a Inmigración”, describió el analista político de origen colombiano.

Alfaro se aferró a las experiencias vividas por la comunidad latinas en el pasado, en los condados cuyos alguaciles decidieron ejecutar el programa 287g, para afianzar su alegato en torno a que “con leyes como estas, las aperturas de procesos de deportación aumentan, convirtiéndose en un peligro potencial para los inmigrantes sin documentos y sus familias”.

Escuelas públicas

En torno a la HB10 se generó mucha polémica porque, por un lado, condiciona la autonomía de alguaciles electos popularmente en cada condado, para forzarlos a torpedear la confianza ganada por sus comunidades representadas para colaborar con ICE, sino también porque incluía cambiantes disposiciones que amplían aún más el programa de Vales de Beca de Oportunidad.

Anuncio

Líderes de la Coalición Every Child NC, entre los cuales figura Matt Ellinwood, director del proyecto de Educación y Ley y miembro del Centro de Justicia de Carolina del Norte, denunciaron que la recién aprobada ley proporcionará $500 millones en fondos de los contribuyentes a las familias más adineradas de Carolina del Norte, a expensas de los 1.5 millones de niños que asisten a las escuelas públicas en el estado. 

“Nosotros seguiremos exigiendo la financiación completa del Plan Correctivo Leandro y la inmediata ejecución de las políticas de remediación que contiene”, dijo.

La HB10 es un duro ataque a las escuelas públicas.

Share on Facebook

Tweet