El correísmo tramita un nuevo juicio político de censura contra la fiscal general de Ecuador

Quito, 14 may (EFE).- El movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), inició este martes el trámite de un nuevo juicio político de censura en la Asamblea Nacional (Parlamento) contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

El asambleísta Héctor Valladares presentó los documentos de rigor en la Asamblea con una nueva solicitud de juicio político contra Salazar, a quien acusa de presunto incumplimiento de funciones.

Según Valladares, la fiscal del Estado no ha actuado en torno a información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga delitos como el blanqueo de dinero o lavado de activos.

El parlamentario, en un comunicado, indicó que la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, pero que sólo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial.

Añadió que en el año 2019 se reportó a la Fiscalía General del Estado un monto de 98,6 millones de dólares por casos de lavado de activos, pero remarcó que en estas causas «la fiscal (Salazar) no inició procesos».

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También acusó a la fiscal general de «falta de iniciativa» para reiniciar la investigación de un caso de lavado de activos conocido como ‘Copaco’.

La Fiscalía, por contra, respondió a Valladares con otro comunicado en el que señaló que la nueva solicitud de juicio político carece de sustento.

Recordó que las acciones del Ministerio Público contra el delito de lavado de activos han sido reconocidas por entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La institución que lidera Salazar aseguró que la unidad especializada antilavado de activos de la entidad tiene 32 causas en instrucción fiscal, siete en etapa preparatoria de juicio, veintitrés en procesos en tribunales y ocho en impugnación.

«Solo estas cifras desmontan lo señalado por el asambleísta Valladares», añadió la Fiscalía que se refirió también al caso ‘Copaco’, que data de 2016 y que también se ventiló en cortes de Estados Unidos.

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En este caso se determinó que «la UAFE usó información falsa que remitió a la Fiscalía, engañándola» y que además una corte de Guayaquil declaró nulo el proceso, lo que hace suponer que «no hubo inacción».

Con el nuevo pedido de juicio político «se priorizan intereses políticos» y es una acción propia «de quienes buscan impunidad», añadió la Fiscalía del Estado en su escrito.

El anuncio del nuevo pedido de juicio político se dio pocas horas después de que la fiscal Salazar se enzarzara en una polémica con la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la correísta Pamela Aguirre.

Durante una comparecencia de Salazar en esa comisión parlamentaria, la asambleísta intentó que en esa misma sesión interviniera el exparlamentario correísta Ronny Aleaga, con orden de prisión preventiva y vinculado por la Fiscalía en un entramado de corrupción y supuestos nexos de políticos con bandas criminales, por lo que Salazar se retiró de la audiencia al considerar que se trataba de un «show» político que quería dar la palabra a un prófugo de la Justicia.

El correísmo ya había impulsado a finales de 2023 una primera solicitud de juicio político contra la fiscal Salazar, que ocupa el cargo desde 2019.

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Con Salazar al frente, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso ‘Sobornos’, donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.

El exmandatario, que critica recurrentemente a la fiscal general, rechazó desde un inicio los cargos y acusaciones en su contra, y se declaró un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (instrumentalización de la Justicia contra enemigos políticos), por lo que desde 2017 reside en Bélgica, donde tiene el estatus de refugiado.

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