El dilema de los inmigrantes ante la declaración de impuestos: qué sabemos y qué esperar

POR LAUREN EAGAN.- Nos encontramos en plena temporada de declaración de impuestos, un momento que tradicionalmente ha representado una oportunidad para que millones de inmigrantes, incluso aquellos sin estatus migratorio regularizado, cumplan con sus obligaciones fiscales mediante el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Sin embargo, la reciente noticia sobre una posible colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado alarma en las comunidades inmigrantes.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Según informaciones de prensa, la administración Trump está negociando un acuerdo entre el IRS e ICE que permitiría al IRS verificar las direcciones de personas con órdenes de deportación. A diferencia de solicitudes anteriores que buscaban la entrega directa de información, el acuerdo parece limitarse a confirmar direcciones que ICE ya posee.

Durante años, el IRS ha incentivado a los inmigrantes indocumentados a cumplir con sus obligaciones fiscales mediante el ITIN, un código de nueve dígitos que permite presentar declaraciones sin contar con un número de Seguro Social. Esta información ha estado protegida por estrictas leyes federales de confidencialidad, y anteriormente, funcionarios del IRS se habían resistido a entregar estos datos al Departamento de Seguridad Nacional, argumentando posibles violaciones legales.

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Sin embargo, tras el cambio del abogado principal del IRS por la administración actual, se está negociando el nuevo acuerdo, según la prensa. Además, hay informes de que el Departamento de Seguridad Nacional ha intentado involucrar al IRS en auditorías dirigidas a empresas que podrían estar contratando a inmigrantes no autorizados.

¿Qué podemos esperar?

De concretarse, podríamos estar ante un cambio significativo en el uso de la información fiscal confidencial. Aunque el acuerdo parece limitarse a confirmar direcciones de personas con órdenes de deportación existentes, esto podría representar solo el inicio de una colaboración más amplia entre agencias fiscales y migratorias.

Para los inmigrantes, esta situación plantea un dilema complejo. Por un lado, el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha sido tradicionalmente considerado un factor positivo en los procesos de regularización migratoria. Por otro lado, existe ahora el temor de que esta misma información pueda facilitar los procesos de deportación.

De concretarse la colaboración, el riesgo de ser localizados aumenta significativamente para quienes tienen órdenes pendientes de deportación. Para otros inmigrantes en situación irregular, pero sin órdenes de deportación, la amenaza inmediata podría ser menor, aunque el precedente resulte preocupante.

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El derecho a la privacidad fiscal y el cumplimiento de obligaciones tributarias no deberían convertirse en herramientas para facilitar deportaciones masivas. Pero estamos ante un nuevo capítulo en la compleja relación entre las políticas fiscales y migratorias en Estados Unidos, que no sabemos cómo se va a resolver.

Mientras tanto, mi consejo siempre es que los inmigrantes deben consultar con abogados de inmigración para evaluar su situación particular y determinar los mejores pasos a seguir.

*  Lauren Eagan, nombrada para la edición 2025 de Los Mejores Abogados de América® para la Ley de Inmigración, es fundadora y directora ejecutiva de Eagan Immigration.  https://eaganimmigration.com/

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