El fiscal general Jeff Jackson demanda para detener los aranceles ilegales

Hoy, el Fiscal General Jeff Jackson interpuso una demanda para bloquear los últimos aranceles ilegales del gobierno federal a consumidores y empresas estadounidenses sin la aprobación del Congreso. Estos aranceles podrían costar a cada hogar de Carolina del Norte entre $800 y $1,300 este año.  

“Los habitantes de Carolina del Norte ya han pagado miles de millones en aranceles ilegales; nuestros agricultores, nuestros fabricantes y nuestras comunidades no pueden soportar más”, declaró el Fiscal General Jeff Jackson . “Voy a demandar al gobierno federal porque volvieron a violar la ley, perjudicaron a los habitantes de Carolina del Norte, y puedo demostrarlo”.

El año pasado, el gobierno federal impuso aranceles a productos de numerosos países, lo que obligó a empresas y fabricantes estadounidenses a aumentar los precios de vehículos, maquinaria pesada, muebles, productos farmacéuticos y otros bienes. Como resultado, Carolina del Norte pagó casi 3.500 millones de dólares en aranceles. El gobierno alegó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) permitía al presidente imponer aranceles de cualquier monto, a cualquier producto, de cualquier país y por cualquier período. Hace dos semanas, la Corte Suprema anuló esos aranceles en un fallo de 6 a 3, concluyendo que eran ilegales y excedían las facultades que el Congreso otorgó al presidente para regular el comercio.  

Más tarde ese mismo día, la administración federal impuso un nuevo conjunto de aranceles bajo una ley separada: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. El Fiscal General Jackson y una coalición de fiscales generales argumentan que estos aranceles también son ilegales porque la Sección 122 no autoriza al presidente a emitir aranceles bajo las circunstancias financieras actuales del país. 

Estos nuevos aranceles del 15 % se aplicarían a importaciones anuales por un valor estimado de 1,2 billones de dólares a nivel nacional. El sector agrícola de Carolina del Norte podría verse especialmente afectado. La Fundación John Locke estimó que el sector agrícola y la economía rural de Carolina del Norte perderían alrededor de 1.900 millones de dólares y 8.000 empleos debido a los aranceles de la IEEPA. Los nuevos aranceles amenazan con causar un impacto similar en nuestra economía rural si otros países mantienen aranceles de represalia. Esta dinámica presiona a los agricultores porque disminuye sus exportaciones de productos agrícolas al mismo tiempo que tienen que pagar más por su producción.  

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Los fiscales generales sostienen que los nuevos aranceles violan la Constitución de Estados Unidos, que otorga al Congreso, no al presidente, el poder de establecer y recaudar impuestos, y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.

El caso, titulado « Estado de Oregón y otros contra Trump y otros », se presenta ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Puede consultar una copia de la demanda aquí .  

Al Fiscal General Jackson se suman en la presentación de esta demanda los Fiscales Generales de Oregón, Arizona, California, Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y los Gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

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