El fiscal general Jeff Jackson lucha por un aire limpio

El fiscal general Jeff Jackson está tomando medidas para restablecer las medidas de protección contra la contaminación atmosférica en las centrales eléctricas y garantizar que los habitantes de Carolina del Norte puedan respirar aire limpio.  

El fiscal general Jackson y una coalición de 25 estados, condados y ciudades demandaron al gobierno federal por eliminar los límites de contaminación para muchas de las centrales eléctricas más grandes del país. La coalición presentará una petición ante el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para que se revoque la derogación de las normas y se restablezcan las protecciones, y notificará a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) su intención de demandarla por su incumplimiento en la regulación de la contaminación de muchas centrales eléctricas existentes. Esto se produce tras la demanda que presentó en marzo contra la EPA por la derogación de las normas de contaminación vehicular, que costará a la población casi 1,5 billones de dólares en mayores gastos de combustible y mantenimiento.

“La EPA está dando luz verde a las empresas para que viertan contaminación en el aire que respiramos, poniendo en peligro nuestra salud y dañando los recursos naturales de nuestro estado”, declaró el fiscal general Jeff Jackson . “Vamos a demandar a la EPA para que restablezca las medidas de protección que se implementaron para garantizar un país seguro y un aire limpio para nuestros hijos”.

En septiembre, la EPA derogó las Normas de Contaminación por Carbono de 2024, que exigían a las centrales eléctricas de carbón y gas reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas centrales generan aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono del país, y la derogación de dichas normas aumentará la contaminación. Este aumento agravaría las olas de calor extremas y las tormentas mortales, lo que supondría un mayor coste para los gobiernos estatales y locales a la hora de recuperarse de los fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la contaminación procedente de las centrales eléctricas también puede agravar el asma, las enfermedades cardíacas y otras enfermedades respiratorias graves.

La demanda del fiscal general Jackson argumenta que la EPA derogó ilegalmente los límites de contaminación sin considerar alternativas razonables ni el impacto en la salud pública y el medio ambiente. Él y la coalición solicitan al tribunal que anule la derogación y garantice que Estados Unidos pueda seguir limitando la contaminación proveniente de las empresas más contaminantes del país.  

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Además, el fiscal general Jackson y la coalición notificaron a la EPA su intención de demandarla por su incumplimiento en la regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero proveniente de numerosas centrales eléctricas de gas ya existentes. A pesar de haber emitido normas para las nuevas centrales de gas hace más de una década, la EPA no ha cumplido con su obligación legal de limitar la contaminación de las centrales existentes, dejando a los habitantes de Carolina del Norte sin las garantías exigidas por la Ley de Aire Limpio.  

El fiscal general Jackson ha estado luchando para proteger a los habitantes de Carolina del Norte de la contaminación. Recientemente, anunció un acuerdo histórico de 590 millones de dólares con Chemours/DuPont por la contaminación con PFAS. Esto ocurrió después de que se opusiera al acuerdo propuesto entre la EPA y Chemours sobre PFAS porque prácticamente no abordaría el daño que la empresa ha causado en Carolina del Norte. El mes pasado, instó a la EPA a exigir el monitoreo de microplásticos en el agua potable, y a principios de este año, se opuso a la propuesta de la EPA de reducir los límites de cuatro sustancias químicas PFAS en el agua potable y cuestionó los planes de la agencia para flexibilizar las normas de emisiones vehiculares . En diciembre de 2025, envió una carta de comentarios a la EPA oponiéndose a la flexibilización de la recopilación y presentación de datos sobre PFAS. En enero de ese mismo año, presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos defendiendo las normas nacionales de agua potable para sustancias químicas PFAS.

El fiscal general Jackson cuenta con el apoyo de los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia para presentar esta demanda, así como del gobernador de Pensilvania, los alcaldes de la ciudad de Nueva York y Chicago, y la ciudad y el condado de Denver.

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