El Gobierno de Bolivia dice que la subvención de los carburantes “era una enfermedad”

La Paz, 18 dic (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo este jueves que la subvención de los combustibles “era una enfermedad” que se debía resolver y mencionó que el monto proyectado para cubrirla en 2026 era de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB).

“La gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y que era necesario solucionar de la forma más rápida y responsable posible”, sostuvo el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Medinaceli compareció ante los medios en La Paz junto a su colega de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, para explicar las medidas incluidas en el decreto 5503 presentado en la víspera por el presidente Paz, que declaró una “emergencia económica y social” ante la crisis en el país.

El ministro de Hidrocarburos precisó que para 2026, estaba proyectado un gasto de “3.500 millones de dólares” para subvencionar los combustibles, que “equivale al 6,4 % del PIB”.

“Lo que intentamos es todo ese ahorro volcarlo a inversión más productiva, a disminuir el déficit fiscal y con esto lograr el levantamiento de la economía”, aseguró.

Mientras que Espinoza afirmó que el decreto se emitió ante “la necesidad de sanar la economía” que está “absolutamente destruida por 20 años de malgasto, de despilfarro, de una gestión económica que lo único que ha hecho es beneficiar a pequeños grupos” en los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

“La subvención se había vuelto un punto de corrupción que terminó siendo un negocio de unos pocos. Esta situación no se podía mantener, es nuestra responsabilidad avanzar hacia la estabilización de la economía”, justificó.

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Según el ministro de Economía, cerca del 30 % del subsidio era “capturado” por “redes de corrupción que se habían institucionalizado” en los Gobiernos anteriores y un 40 % terminaba “en el uso de familias que no necesariamente requieren una subvención” porque tienen “alto poder adquisitivo”.

“Al final del día, 70 % de esos más de 3.500 millones de dólares no beneficiaban a quien realmente lo necesitaba”, sostuvo e insistió en que “esa subvención estaba siendo sujeto de una corrupción a una escala extraordinariamente grande que no podía ser mantenida por más tiempo”.

Espinoza manifestó que en el Gobierno están “conscientes de la magnitud de las medidas” asumidas, por lo que, además de los carburantes, el decreto “tiene una serie de medidas que fortalecen y facilitan el desarrollo del aparato productivo y de la vida del boliviano en general”.

Ante el rechazo de los sindicatos de transportistas, el ministro de Economía sostuvo que están dispuestos a dialogar, pero si estos sectores quieren incrementar los pasajes de transporte público, tendrán que “justificar por qué”, ya que aunque se retiró la subvención, el Gobierno bajó “todos los demás precios” de la “hoja de costos” del transporte.

Mencionó que, entre otras medidas, se dispuso el arancel cero para la importación de repuestos e insumos para ese sector y un “perdonazo tributario” para el pago de deudas sin multas ni intereses.

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Desde hace más de dos décadas, en Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vendió a un precio subvencionado que rondó los 0,53 dólares.

El decreto anunciado establece que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), y mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).

El Ejecutivo anunció también una serie de medidas complementarias, como el aumento en 20 % del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) e incrementos de bonos para adultos mayores y escolares.

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