El Gobierno panameño aprueba plan de cierre ordenado de gran mina de cobre

Ciudad de Panamá, 27 feb (EFE).- El Gobierno panameño aprobó este martes el plan para el “cierre ordenado” de la mina de cobre operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), inhabilitada desde noviembre pasado cuando la Justicia declaró “inconstitucional” el contrato que renovaba su concesión.

El plan de acción para ejecutar el cierre de la Mina Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, fue avalado hoy mediante una resolución del Gabinete (Consejo de Ministros) presidido por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, señaló un comunicado del Gobierno.

La resolución pide a los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y de Ambiente (MiAmbiente) que gestionen las medidas administrativas para que Minera Panamá, según la legislación ambiental vigente, garantice la “estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales e infraestructuras en la Mina Cobre Panamá y sus zonas aledañas”.

De igual forma, este plan contempla una auditoría de cierre a fin de identificar la “situación ambiental de la mina, los riesgos ambientales y sus medidas de mitigación”.

Al Ministerio de Salud le tocará por su parte formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar estrategias de prevención y control de la salud en general.

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Además se plantea una auditoría integral de control de gestión de procesos mineros, que provea al Estado panameño de la información técnica pertinente para una aplicación y fiscalización óptima de los procesos requeridos para la ejecución del plan ordenado y definitivo de cierre de la mina.

También contempla que el MICI y MiAmbiente promuevan la creación de un panel de expertos técnicos, así como mecanismos de consulta, participación y veeduría ciudadana, de la mano con el acompañamiento técnico-científico de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

A su vez, la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral verificará el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables a la relación de trabajo existente entre los trabajadores del Proyecto Cobre Panamá y la Minera Panamá y sus subcontratistas.

De su lado, el Ministerio de Seguridad Pública garantizará la seguridad, tranquilidad y orden público en las instalaciones de la Mina Cobre Panamá y sus áreas adyacentes.

La defensa de los intereses de Panamá ante cualquier instancia nacional o internacional, como consecuencia del cumplimiento de la sentencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, será tarea del MICI y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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FQM ya anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otros con base en tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur.

En otro punto de la resolución se indica que, por intermedio del MEF, el Instituto de Planificación para el Desarrollo establecerá las bases para “formular, aprobar y ejecutar una estrategia para la sustitución sostenible de la minería metálica en el Producto Interno Bruto Nacional” (PIB).

La mina Cobre representaba el 4,8 % del producto interno bruto (PIB) y el 75 % de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa, que comenzó a exportar ese mineral en 2019.

La ejecución del “Plan de Preservación Ambiental y Gestión Segura (cuido y mantenimiento) como fase temporal y primer paso hacia el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la Mina Cobre Panamá”, va dirigido al cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad del contrato minero, señala la información oficial.

El Gobierno anunció en diciembre pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuya elaboración tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares.

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La mina, inhabilitada por un fallo judicial del Supremo panameño el pasado 27 de noviembre tras las mayor protestas callejeras en décadas en Panamá en contra de la actividad minera, contaba con unos 7.000 trabajadores, de los cuales “2.100 más o menos se han acogido al retiro voluntario”, según fuentes de la empresa minera.

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