El Parlamento venezolano acusa a la Fiscalía de la CPI de incumplir “compromisos de cooperación”

Caracas, 2 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, acusó este martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de incumplir sus “compromisos de cooperación y complementariedad” con el país y de haber mantenido “sin personal operativo” su oficina en Caracas, que será cerrada por decisión de ese órgano en La Haya (Países Bajos).

En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un “irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad” por parte de la Fiscalía de la CPI, al “no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana”.

Este lunes, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció el cierre de la oficina por falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El Parlamento venezolano expresó su “más enérgico y categórico repudio” a las declaraciones de Niang y condenó la que considera como una “instrumentalización política del sistema” de la corte para “ejercer un colonialismo jurídico” contra la nación suramericana.

A juicio del Legislativo, la Fiscalía de la CPI demuestra “un evidente incumplimiento de los memorándums de entendimiento suscritos”, por lo que la acusó de “desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales”.

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Por otra parte, la AN denunció que ese órgano del tribunal internacional “ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años” sobre el caso denominado Venezuela II, que documenta, según el texto aprobado por el Parlamento, los “crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales”.

La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se encuentra “acosada y amenazada por el poder imperial”, en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“No quieren ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, si ocurre la agresión o se hace evidente la agresión. Son tan cínicos que deciden cerrar la oficina”, expresó Medina.

En la víspera, Niang también subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de la oficina en mención era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarían a Venezuela.

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Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un “colonialismo jurídico” en contra de Venezuela, al tiempo que expresó que “es muy obvio” que en Venezuela “no se han cometido crímenes de lesa humanidad”.

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