Crimen y Justicia
El Tribunal Supremo español investigará al fiscal general del Estado por revelación de secretos
Madrid, 16 oct (EFE).- El Tribunal Supremo español (TS) ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
La decisión está motivada por la difusión de información sobre el procedimiento judicial por un fraude a la hacienda pública cometido presuntamente por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, según un auto conocido este miércoles.
El tribunal también se considera competente para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz, su superior jerárquico, datos para la elaboración de una nota de prensa con esa información.
El fiscal general anunció hoy que continuará en el cargo tras ser imputado, convencido de que la continuidad en el mismo «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía».
El empresario González Amador presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su caso. En concreto, sobre la oferta que hizo a la Fiscalía en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.
Tras asumir García Ortiz su responsabilidad en esta cuestión, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo, que ahora acuerda la apertura de una investigación penal contra el fiscal general.
Según el auto citado, a la vista de la documentación judicial y de las denuncias presentadas, se desprende la imputación del fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid por la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.
En esa nota se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación sobre la pareja de Díaz Ayuso.
Así, el TS deberá determinar si, desde su condición de autoridad o funcionario público, revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.
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